Más de dos años para hacer inventario
La lentitud de Hacienda al censar los bienes de las Cámaras de la Propiedad facilitó los presuntos abusos - Los movimientos de fondos burlaron los controles
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del último gobierno tripartito tardó más de dos años en realizar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que constituían el patrimonio de las Cámaras de la Propiedad Urbana que le ordenaba el decreto de su liquidación de enero de 2006. En ese largo período se cometieron presuntamente en la de Vizcaya las irregularidades que el actual Gobierno descubrió a su llegada y envió el martes a la fiscalía.
El último Gobierno Ibarretxe no liquidó tampoco, en los tres años largos siguientes al decreto, las Cámaras de Álava y Guipúzc...
El Departamento de Hacienda y Administración Pública del último gobierno tripartito tardó más de dos años en realizar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que constituían el patrimonio de las Cámaras de la Propiedad Urbana que le ordenaba el decreto de su liquidación de enero de 2006. En ese largo período se cometieron presuntamente en la de Vizcaya las irregularidades que el actual Gobierno descubrió a su llegada y envió el martes a la fiscalía.
El último Gobierno Ibarretxe no liquidó tampoco, en los tres años largos siguientes al decreto, las Cámaras de Álava y Guipúzcoa, según ha podido saber EL PAÍS, aunque en estas dos últimas no se detectó irregularidad alguna. Fueron finiquitadas, según fuentes de Vivienda, a finales de 2009, empleando casi cuatro años para hacerlo.
Tampoco las cámaras de Álava y Guipúzcoa estaban liquidadas en 2009
El decreto de enero de 2006 atribuía al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales el nombramiento de un delegado en cada una de las tres entidades, pero la responsabilidad última quedaba a cargo de Hacienda. Los pasos intermedios se encomendaban en concreto a su dirección de Patrimonio y Contratación.
A ella se encargaba en el decreto la realización del inventario previo al traspaso al Gobierno de todos los bienes y derechos de las entidades suprimidas y la recepción de la titularidad de los mismos. Y entre la publicación del decreto que le adjudicó ese cometido y la finalización del trabajo mediaron dos años y cuatro meses. La consejera de Hacienda, y vicelehendakari del último Gobierno de Juan José Ibarretxe, Idoia Zenarruzabeitia, no firmó hasta mayo de 2008 la orden que aprobó ese inventario y ordenó al director de Patrimonio y a los delegados del Departamento de Vivienda inscribir los bienes de las Cámaras a nombre de la administración.
El delegado del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya, José María Gonzalo, y Jon Alonso, la persona que contrató, pese a estar extinta la Cámara, pudieron beneficiarse de esa larga dilación. Durante ese tiempo, de hecho, se realizaron contratos, se hicieron obras en la sede y se localizaron en ella servicios del Gobierno, prestados a través de la asociación Aukeratu, a cuyo frente estaba el mismo Gonzalo. Y, por supuesto, se utilizó el dinero, hasta desaparecer casi medio millón de euros.
Lo más inexplicable es que esas actuaciones, al parecer relacionadas con la producción de una película, se produjeran mientras la Oficina de Control Económico del Gobierno asegura haber hecho informes de revisión, con medios contratados específicamente, de los estados financieros de las tres Cámaras y de la delimitación de su patrimonio. Según figura en el informe al actual Ejecutivo, tras recabar éste de la OCE un análisis de lo ocurrido, se llevaron a cabo durante el año 2007.
La pregunta es, por un lado, si dos años y cuatro meses es el plazo razonable que dura la realización de un inventario de las características del realizado, y, por otro, cómo es posible que los movimientos de fondos y el uso de la sede que se realizó en el caso de Vizcaya escapara a los controles. La intrincada burocracia que ralentiza la acción de la administración hasta límites exasperantes, incluso para quienes forman parte de ella, se revela estéril como filtro para abusos. En este caso, más bien al contrario, parece haberlos favorecido, en la medida en que los órganos de gobierno de las Cámara de la Propiedad se disolvieron con el decreto de enero de 2006, mientras las entidades permanecieron aún largo tiempo a merced de un supuesto manejo irregular.