La fecha del 2 de abril, esgrimida como clave por algunos líderes territoriales del PSOE para que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, despejara, su futuro ha pinchado. La intervención de Zapatero en el comité federal ordinario de ese día abordará los retos del Gobierno ante la grave situación nacional e internacional.
Mariano Rajoy llevaba meses desviando la mirada de Lisboa, donde la oposición apoyaba al Gobierno socialista. Hasta ayer. El presidente del PP, que viajó a Bruselas (Bélgica) para la habitual reunión del Partido Popular Europeo, atendió a la prensa nada más llegar con una idea clara: utilizar la crisis portuguesa para defender que las elecciones anticipadas.
La decisión de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, que el miércoles acordó, por nueve votos a favor y siete en contra, la ilegalización de la formación abertzale Sortu, traspasa al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pronunciarse sobre un previsible recurso de amparo antes del plazo límite para que el partido pueda concurrir a las elecciones.
Con el título de esa canción de Amaral recibieron ayer en el Ayuntamiento de Campos del Río (PSOE) al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, que inauguró en el pueblo murciano una prisión. Repetían la respuesta de Rubalcaba un día antes al diputado del PP Ignacio Gil Lázaro. "Ha sido agradable", comentó luego.
La reacción que tuvieron ayer por separado Sortu y la izquierda abertzale ante la sentencia del Tribunal Supremo fue casi calcada. Coincidieron en que el fallo judicial responde a una "decisión política" y, además, forma parte de una estrategia conjunta de PSOE y PP.
Una veintena de personas se dedican desde ayer en la Junta de Andalucía de forma prioritaria a atender todas las solicitudes de información procedentes de la juez Mercedes Alaya, que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos.
Ángel Luna, portavoz parlamentario de los socialistas valencianos, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno de Francisco Camps (PP) con la trama Gürtel de corrupción, será paradójicamente el primer responsable político que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso.
Adictos al alcohol y a las drogas, delincuentes ocasionales o asociales, es decir, aquellos que proyectan en la conducción su desdén hacia la sociedad. Los criminales de tráfico encajan en uno de estos tres perfiles, según los datos de un proyecto piloto de la Fiscalía de Seguridad Vial y el grupo de criminología de la Universidad Miguel Hernández (Elche).
Artur Mas prometió durante la campaña electoral catalana organizar una cumbre anticrisis, con la obsesión de que no acabara siendo tan solo una foto. La jornada, que se celebra hoy, no pintaba bien, así que el presidente de la Generalitat inició ayer una carrera contra reloj en busca de un pacto.