La fiscal rebaja su petición de pena a Ibarra, pero reitera que cobró sobornos
Adán reprocha a la Diputación que no investigase el fraude de contribuyentes
Juan Ramón Ibarra vio ayer rebajada las peticiones de condena, que se reducen de 11 a ocho años al retirarse uno de los cinco delitos que se le imputan. Pero la fiscalía mantiene las acusaciones principales de que el exjefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya ofreció un trato de favor a casi 200 contribuyentes y, por ello, recibió un soborno cifrado en 337.000 euros.
En la vigésima y última sesión del juicio, que ayer quedó visto para sentencia, la Fiscalía retiró el delito de infidelidad de custodia de documento, que suponía tres años de cárcel, tanto a Ibarra como a los otros tres impu...
Juan Ramón Ibarra vio ayer rebajada las peticiones de condena, que se reducen de 11 a ocho años al retirarse uno de los cinco delitos que se le imputan. Pero la fiscalía mantiene las acusaciones principales de que el exjefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya ofreció un trato de favor a casi 200 contribuyentes y, por ello, recibió un soborno cifrado en 337.000 euros.
En la vigésima y última sesión del juicio, que ayer quedó visto para sentencia, la Fiscalía retiró el delito de infidelidad de custodia de documento, que suponía tres años de cárcel, tanto a Ibarra como a los otros tres imputados: el ex inspector José Luis Silvestre, el subinspector Joaquín Tebar y la jefa de Documentación Fiscal Valvanera Canal. La fiscal jefe, Carmen Adán, precisó, en sus conclusiones, el perjuicio económico para las arcas públicas, que lo cifró en cuatro millones de euros. Y aprovechó para criticar la actitud de la Diputación de Vizcaya, que se retiró de las actuaciones en la fase final de la instrucción tras ocho años personada en la causa.
La fiscalía mantiene que el listado de empresas protegidas era ilegal
La petición de cárcel para los otros tres acusados baja de ocho a cinco años
"Lo mínimo exigible a una administración pública es que comprobara los datos de los contribuyentes" supuestamente favorecidos por Ibarra, afirmó. Esta actitud, dijo, contrasta con la del director foral de Hacienda cuando se descubrieron los hechos, en 2003, Javier Muguruza. "Es el único que lo realizó en su día y con posterioridad no se ha vuelto a realizar", apuntó.
No fue la única censura a la institución foral. Carmen Adán citó como "el gran problema" de la causa es que la mayoría de los escritos "que pudieron ser reveladoras de las conductas prevaricadoras o falsificadoras han desparecido, por razones obvias". Dijo que la documentación aparecida se ha debido, en parte, a los inspectores "que la han guardado, lo que les permitía excluir la responsabilidad y probaba el delito".
El Ministerio Público ratificó las principales acusaciones contra Ibarra. Primero, el listado protegido de casi 200 contribuyentes creado por el ex jefe de la Inspección que impedía la inspección de sus integrantes. "Es una falsificación", dijo al señalar que aparentaba un plan de inspección. Rechazó que fuera un instrumento de trabajo y asumió el calificativo de uno de los peritos, que lo tachó de "seguimiento policial". "Es un término que coloca las cosas en su adecuado cauce". Aseguró que este listado ha supuesto una "interferencia en el sistema de actuación de la Hacienda".
La fiscalía aseguró que también hubo cohecho (soborno) por la existencia de 337.000 euros sin justificar y destacó que los tres peritos, incluido el de la defensa de Ibarra, coincidieron en que hubo disposiciones en efectivo y en metálico. Incidió en que en 2001 y 2002, "los años en los que hubo más entradas [en el listado protegido] de contribuyentes de un determinado asesor", se registran más disposiciones de dinero. Negó la coartada de Ibarra de que los 337.000 euros fueron un préstamo en dinero negro de su padre.
Sobre los otros tres imputados, mantuvo la acusación de colaboración al rechazar que se limitaron a cumplir órdenes. "Tenían la posibilidad de decir que no a las ilegalidades. La legalidad siempre está por encima de la jerarquía". La fiscal aseveró que participaron en actuaciones "en las cuales es imposible no percibir lo que se está haciendo".
"Una caza de brujas"
Javier Beramendi, abogado defensor de Ibarra, calificó en su alegato final este largo caso de "caza de brujas" y pidió la absolución de su patrocinado para "reparar en parte los ocho años de sufrimiento laboral y personal y linchamiento mediático que ha padecido". Se mostró "seguro" de que no hay ninguna prueba de los cuatro delitos imputados. Sobre el listado protegido, negó que fuera una simulación para proteger a contribuyentes sino "un registro informático".
Afirmó que no se ha probado "ningún caso de un contribuyente que no fuera inspeccionado por la Hacienda por estar en la lista". El abogado sostuvo que Ibarra "no alteró ninguna investigación". Sore el delito de cohecho, apuntó que "no se sostiene". Expresó que no se ha podido comprobar si el padre tenía patrimonio con anterioridad a 1989, "porque no se ha mirado". Dijo que el dinero recibido lo "trató con normalidad, pidió préstamos y devolvió el dinero a su padre".
Ricardo Palacio, letrado de los otros tres imputados en la causa, insistió en que todos ellos se limitaron a cumplir órdenes "en creencia de que eran lícitas" y preguntó por qué otros funcionarios que conocían la traba no están también como acusados. Censuró que, cuando los tres jefes inmediatos de los acusados les eximen de responsabilidad, la fiscalía "sea más papista que el Papa y siga el procedimiento". Aseguró que el listado tenía apariencia de legalidad.
Los dilemas del tribunal
El rostro cansado de Juan Ramón Ibarra, al concluir la vista, (muy diferente al del primer día) reflejaba lo que han supuesto para él estas cinco semanas de juicio. Ha tenido que escuchar como su exdirector de Hacienda le acusaba de connivencia con dos asesores fiscales por avisarles con antelación de que iban a ser investigados. O a inspectores del fisco vizcaíno que hablaban claramente de investigaciones paralizadas o de obstrucciones de casos que luego prescribían.
Ahora el tribunal deberá dilucidar si el listado protegido de Ibarra que llegó a superar los 200 contribuyentes servía realmente, como sostiene la Fiscalía, para que no fueron inspeccionados. Y si esa actuación se realizó al margen de los procedimientos de la Hacienda.
El otro elemento fundamental es el móvil, que la fiscal apunta como económico, por la existencia de 337.000 euros sin justificar en el patrimonio del principal imputado.
El tribunal deberá dirimir la implicación de los otros tres funcionarios, sobre los que ayer, al inicio de la vista, se barruntaba la posibilidad de que la fiscalía retirase la acusación. Lo que ha quedado claro en las 20 sesiones del juicio es el anómalo funcionamiento de la Hacienda en los 90 y principios de los 2000, donde algunos contribuyentes eran más iguales que otros, según las declaraciones de los propios inspectores. Las retiradas de inspecciones eran irregulares en muchos casos.
Los cuatro delitos
- Tras retirarse la infidelidad de custodia de documento, el tribunal deberá decidir sobre las cuatro acusaciones mantenidas contra Ibarra: falsificación (petición de cinco años de cárcel), cohecho (tres años), prevaricación (inhabilitación por nueve años) y desobediencia (un año de inhabilitación).
- A lo otros tres imputados se les imputa falsificación y prevaricación, lo que supone cinco años de prisión.