Las bordas ilegales llenan la Val d'Aran
41 imputados por delitos relacionados con las construcciones tradicionales de la comarca - El ex alcalde y la secretaria de Vielha, entre los investigados
Las tradicionales y cotizadas bordas, construcciones típicas de la Val d'Aran que servían para guardar ganado y almacenar forraje, están en el centro de una vasta operación de la Guardia Civil que tiene por objetivo poner fin al cúmulo de irregularidades urbanísticas cometidas para construir y reformar este tipo de edificaciones. Un total de 41 personas -39 propietarios, el ex alcalde de Vielha Joan Riu (Unitat Aranesa) y la secretaria de este municipio- han sido imputadas por delitos urbanísticos y prevaricación.
Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que más de una décima p...
Las tradicionales y cotizadas bordas, construcciones típicas de la Val d'Aran que servían para guardar ganado y almacenar forraje, están en el centro de una vasta operación de la Guardia Civil que tiene por objetivo poner fin al cúmulo de irregularidades urbanísticas cometidas para construir y reformar este tipo de edificaciones. Un total de 41 personas -39 propietarios, el ex alcalde de Vielha Joan Riu (Unitat Aranesa) y la secretaria de este municipio- han sido imputadas por delitos urbanísticos y prevaricación.
Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que más de una décima parte de las 300 bordas existentes en el valle podrían haber sido construidas o reformadas irregularmente. Los delitos investigados se centran en la construcción de bordas en suelo no urbanizable y en la realización de obras para rehabilitarlas fuera de la normativa urbanística.
37 de las 300 edificaciones típicas del valle podrían estar fuera de la ley
"Las bordas servían de almacén para el ganado. También para secar la hierba. Por eso apenas son de una planta. Pero algunas de las que hemos investigado tienen tres o cuatro plantas y otros tantos cuartos de baño", explicó un alto mando del equipo de delitos urbanísticos del instituto armado.
La investigación se inició en 2009 por la denuncia de unos particulares que habían visto como las bordas crecían sin control por el valle y eran utilizadas como viviendas de fin de semana o bien alquiladas a turistas. Las nuevas construcciones solo se pueden levantar, según la normativa, "donde ya había una borda histórica", recordó el sargento. Los agentes se centraron en un primer momento en tres o cuatro de estos edificios, los que habían sido denunciados. Pero observaron que muchos otros estaban en situación irregular en los municipios araneses de Vielha, Naut Aran y Es Bordes. La mayoría de las construcciones carecían de licencia municipal y de los informes preceptivos de la Administración. Además, incumplían la normativa técnica en cuanto a medidas y alturas.
Se calcula que hay unas 300 bordas la Val d'Aran. Los edificios sospechosos de estar construidos o reformados de forma irregular son 37. Casi todos ellos se encuentran, según la Guardia Civil, en suelo no urbanizable. Algunos, incluso, en zonas incluidas en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).
La Guardia Civil ha imputado a 39 propietarios de bordas, que tienen la doble consideración de constructores y promotores. No se trata, por tanto, de una red organizada dedicada a la especulación urbanística, sino de un caso de descontrol, en el que los responsables de vigilar "han mirado para otro lado" y los propietarios "se han dedicado a reformarse sus bordas para que los hijos pasen el fin de semana o para alquilarlas a terceros", señalaron fuentes de la investigación.
En Internet aparecen anuncios donde se venden "bordas típicas aranesas", como una de más de 200 metros cuadrados y 20.000 metros de terreno, por 180.000 euros. Otras se alquilan: "¿Qué te parecería pasar unos días en una auténtica borda aranesa?", dice un anuncio.
Distinto es el caso del ex alcalde de Vielha ahora imputado, Joan Riu, y de la secretaria municipal. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación, por haber dictado en al menos tres casos una resolución a sabiendas de su ilegalidad. El delito está castigado con una pena de inhabilitación para cargo público de siete a 10 años.
El ex alcalde de Vielha Joan Riu aseguró que está "tranquilo" ante la investigación, que coordinan la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción de Vielha. Riu alegó que en su etapa como alcalde confió en las personas que tenía a su alrededor y que cuando llegaron las denuncias ya no era edil y, por tanto, no podía hacer nada para cambiar las cosas.
A juicio de Riu, la operación es un "cortina de humo" para "tapar" irregularidades urbanísticas mucho más graves que se han cometido en todo el territorio de la Val d'Aran. "La política, el negocio y el intercambio de favores se han mezclado de forma impúdica" en esos otros casos, dijo Riu.