El Gobierno concede 1,9 millones a los atuneros del Índico
El Consejo de Ministros aprobó ayer 1,9 millones de euros de ayuda a los 17 atuneros españoles que faenan en el Índico para la contratación de vigilantes privados. Con cargo al Ministerio de Medio Ambiente,la subvención pretende ayudarles a costear este carísimo servicio -entre 800.000 y un millón de euros al año por barco- contratado por los atuneros desde noviembre de 2009.
Los armadores no podrán costear con esta ayuda los desplazamientos, armamento y munición del personal de seguridad privada. El Gobierno vasco también anunció la semana pasada que extenderá a 2011 sus ayudas a los a...
El Consejo de Ministros aprobó ayer 1,9 millones de euros de ayuda a los 17 atuneros españoles que faenan en el Índico para la contratación de vigilantes privados. Con cargo al Ministerio de Medio Ambiente,la subvención pretende ayudarles a costear este carísimo servicio -entre 800.000 y un millón de euros al año por barco- contratado por los atuneros desde noviembre de 2009.
Los armadores no podrán costear con esta ayuda los desplazamientos, armamento y munición del personal de seguridad privada. El Gobierno vasco también anunció la semana pasada que extenderá a 2011 sus ayudas a los atuneros, cerca de 1,5 millones de euros.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presentó ayer en el Consejo de Ministros un balance de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico: más de 1.000 detenidos (cinco veces más que en 2009), 85 bandas desarticuladas y 117 esquifes y 20 buques nodriza destruidos. Chacón informó de que se ha intensificado el control en los puertos piratas ahora que empieza su temporada de caza con el fin del monzón y la llegada del buen tiempo. Los tripulantes del Felipe Ruano se llevaron ayer un susto al acercarse al atunero una lancha con posibles piratas. Tras pedirles por megafonía que se alejaran, no fue necesario realizar disparos intimidatorios o avisar por radio a los medios de Atalanta.
La efectividad de este enorme esfuerzo económico depende ahora de que la UE consiga firmar pronto acuerdos con países de la zona para que acepten procesar y encarcelar a los piratas capturados. Más de 700 quedaron libres en sietes meses por falta de medios para juzgarlos.