La Audiencia ratifica los procesamientos del 'caso Mercasevilla'

La Audiencia de Sevilla confirmó ayer el procesamiento por cohecho de cuatro personas, entre ellas el ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros en Mercasevilla. La Sección Primera de la Audiencia señala, en un auto firmado por la magistrada María Auxiliadora Echavarri, que existen indicios de la participación de los imputados y confirma la fianza de 400.000 euros que les impuso la juez de instrucción.

En el caso están imputados el ex delegado provincial de Empleo, los ex directivos de Mercasevilla Fe...

La Audiencia de Sevilla confirmó ayer el procesamiento por cohecho de cuatro personas, entre ellas el ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros en Mercasevilla. La Sección Primera de la Audiencia señala, en un auto firmado por la magistrada María Auxiliadora Echavarri, que existen indicios de la participación de los imputados y confirma la fianza de 400.000 euros que les impuso la juez de instrucción.

En el caso están imputados el ex delegado provincial de Empleo, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria María Regla Pereira. Todos están acusados de pedir comisiones al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

La juez cree que Rivas, Mellet y Ponce pidieron comisión a un grupo hostelero

Rivas recurrió su procesamiento al considerar que solo se basó en la declaración de Mellet ante la policía, pero la Audiencia responde que también la ratificó ante la fiscalía. La Audiencia cree que la juez no se equivocó al valorar la verosimilitud de las declaraciones de Mellet.

La Audiencia confirma, además, que los acusados tienen la consideración de funcionarios públicos, pues Mercasevilla "ejerce una indudable función pública, encargada de la prestación de un servicio público de competencia local, con capital mayoritariamente público" aunque se regule por normas privadas.

Respecto al recurso del PP, que pidió ampliar la causa a las presuntas irregularidades en la subvención de 900.000 euros concedida por la Junta a la Escuela de Hostelería, el auto dice que la concesión de una subvención como esta tiene "amparo legal" y que "no consta el más mínimo indicio" de que su concesión respondiese a "un plan preconcebido" entre los imputados y altos cargos de la consejería de Empleo.