El incómodo caso de un fusilado
El Ayuntamiento de Córdoba alega distintas trabas para no abrir una fosa
El 27 de agosto murió en Málaga Carmen Dorado, la hija de Luis Dorado Luque, diputado socialista asesinado por los franquistas en Córdoba al inicio de la Guerra Civil. Carmen falleció sin ver cumplido el sueño por el que ha luchado los últimos años: recuperar los restos de su padre de la fosa común donde está enterrado y darles una sepultura digna. La mujer, junto con su hijo, Antonio Gutiérrez Dorado, agotó las vías administrativas y judiciales para obligar al Ayuntamiento de Córdoba a abrir la fosa del cementerio de La Salud, donde Dorado Luque y otras 300 personas fueron pasados por las arm...
El 27 de agosto murió en Málaga Carmen Dorado, la hija de Luis Dorado Luque, diputado socialista asesinado por los franquistas en Córdoba al inicio de la Guerra Civil. Carmen falleció sin ver cumplido el sueño por el que ha luchado los últimos años: recuperar los restos de su padre de la fosa común donde está enterrado y darles una sepultura digna. La mujer, junto con su hijo, Antonio Gutiérrez Dorado, agotó las vías administrativas y judiciales para obligar al Ayuntamiento de Córdoba a abrir la fosa del cementerio de La Salud, donde Dorado Luque y otras 300 personas fueron pasados por las armas y arrojados. Gutiérrez espera ahora la resolución del Tribunal de Estrasburgo, última instancia a la que ha acudido.
El diputado socialista Dorado y otras 300 personas fueron asesinadas
Lo que hace arquear las cejas a muchos con este caso es que un gobierno municipal de izquierdas (IU y PSOE) lleve más de dos años sin satisfacer la demanda de la familia de un fusilado socialista. Antonio Gutiérrez ha acusado siempre al Consistorio de no tener ninguna voluntad política para actuar, ni cuando estaba como alcaldesa Rosa Aguilar ni ahora que rige Andrés Ocaña. Y al PSOE también le reprocha el nulo apoyo recibido.
El caso es incómodo para ambos partidos. Más todavía cuando se inicia un curso político marcado por las elecciones locales de la próxima primavera. Si se mienta el tema, se suele cerrar filas con el gobierno municipal. "Puede existir algo de desconcierto", se atreve a admitir un líder del PCE andaluz. Incluso en las asociaciones de la memoria histórica próximas a Izquierda Unida se defiende la tesis del Ayuntamiento. "Creemos que se ha hecho un poco de demagogia con este caso y se ha usado de manera partidista", dice Luis Naranjo, vicepresidente del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba.
Para no actuar en el cementerio, el Consistorio alega complicaciones técnicas y, sobre todo, financieras. Reabrir la fosa supone desmantelar una estructura donde hay decenas de nichos y tumbas que se situaron justo encima de donde se enterraron a los fusilados. Además, la identificación por ADN supondría un coste que el Ayuntamiento no está dispuesto a sufragar.
La puerta abierta por la Junta hace un año con la redacción de un protocolo que ordena la exhumación de fosas de la Guerra Civil tampoco convence al Ayuntamiento. La orden permite iniciar trabajos sin necesidad de esperar una orden judicial, algo que también ha venido exigiendo el gobierno municipal. "El protocolo tiene graves deficiencias en cuanto a la determinación de quién debe financiar la exhumación. Tampoco resuelve los problemas que nos podemos encontrar con los enterramientos en superficie que se hicieron encima de la fosa", critica Alba Doblas, concejal del Ayuntamiento y presidenta de Cecosam, la empresa municipal encargada de los cementerios.
"En el caso de la fosa del cementerio de La Salud, no es que exista falta de voluntad política. Lo que hay es una problemática muy compleja. Por un lado tenemos los enterramientos posteriores a la guerra en superficie, que se situaron con toda la intencionalidad política por los franquistas. Pero la misma fosa común fue usada para enterrar a las personas sin recursos que no podían pagarse un entierro", continúa Doblas. Se calcula que en la fosa puede haber cerca de 900 cadáveres, 300 de ellos de represaliados. "Nuestra prioridad política es, ahora mismo, dignificar la memoria de los fusilados a través de una comisión que reúne a las asociaciones de memoria histórica y en unos meses construiremos un monumento a las víctimas", zanja la edil.
Detenido tras el bloqueo de un tren
Solo en Córdoba capital los franquistas asesinaron a más de 4.000 republicanos en la Guerra Civil. Fue una masacre sistemática e implacable que también llevó por medio la vida de Luis Dorado Luque, diputado socialista que fue fusilado y enterrado en el cementerio de La Salud. Su historia viene recogida en el voluminoso libro 1936: el genocidio franquista en Córdoba (Editorial Crítica), del historiador Francisco Moreno Gómez.
En su obra, Moreno relata la fatal odisea de Dorado que le llevó finalmente al paredón. El diputado malagueño viajaba la noche del 18 de julio en el expreso, procedente de Madrid, en compañía de otro diputado socialista, Antonio Acuña, que corrió su misma suerte. En las primeras horas de la sublevación, un retén de falangistas cortó la vía férrea en Alcolea y en El Carpio. El tren en el que viajaba Dorado quedó bloqueado en Alcolea. Los milicianos entraron armados en los vagones y detuvieron a los pasajeros. Todos ellos fueron trasladados a Córdoba, en su mayoría al cuartel de Artillería.
En su reclusión, Dorado coincidió con otros políticos de peso como los diputados Bautista Garcés (comunista, por Córdoba), el propio Antonio Acuña (socialista, por Málaga) y Antonio Bujalance (socialista, por Córdoba). Todos fueron fusilados entre las noches del 28 y el 30 de julio de 1936. Dorado murió junto a Antonio Bujalance la madrugada del 29 al 30.
El libro de Moreno detalla un episodio macabro y cínico que estos políticos sufrieron una noche antes de empezar a ser asesinados. Al parecer, en plena matanza, todos ellos fueron obligados a firmar una diligencia sorprendente que aseguraba que la muerte de otro compañero suyo, Joaquín García-Hidalgo, ex diputado socialista, había sido natural.