Medio Ambiente ignoró un informe oficial que alertaba de los daños

Tras varias semanas de desbroces, talas y destierres en el tramo Pontecaldelas-A Lama de la PO-255, la Consellería de Medio Ambiente se ha visto obligada a paralizar las obras de ampliación "para buscar una alternativa que minimice el impacto medioambiental". El motivo es la repercusión ecológica del proyecto, no valorada en ningún estudio de impacto medioambiental conocido y que se acometió sin atender a las advertencias de la Consellería de Medio Rural, que en mayo alertó al departamento dirigido por Agustín Hernández de la existencia en la zona de ejemplares de salamandra rabilarga, ...

Tras varias semanas de desbroces, talas y destierres en el tramo Pontecaldelas-A Lama de la PO-255, la Consellería de Medio Ambiente se ha visto obligada a paralizar las obras de ampliación "para buscar una alternativa que minimice el impacto medioambiental". El motivo es la repercusión ecológica del proyecto, no valorada en ningún estudio de impacto medioambiental conocido y que se acometió sin atender a las advertencias de la Consellería de Medio Rural, que en mayo alertó al departamento dirigido por Agustín Hernández de la existencia en la zona de ejemplares de salamandra rabilarga, una especie clasificadaca como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas.

Además de dicha variedad de anfibio, la zona afectada es hábitat natural del helecho Dryopteris guanchica, otra especie vulnerable, y de entre 500 y 1.000 árboles autóctonos (22.000 sumadas las especies foráneas) que, según cálculos del colectivo ecologista Asamblea do Suído, se verían afectados por las obras de ampliación. La Asociación para a Defensa da Ecoloxía de Galiza (Adega) no descarta además la existencia de bufo real en la zona, otra variedad clasificada como vulnerable y cuyo hábitat, al igual que en los restantes casos, se define en el Decreto 88/2007 como "área prioritaria de conservación", por lo que reconoce el valor del enclave como "área de refugio, reproducción y alimentación de las especies amenazadas".

A día de hoy, sin embargo, los más amenazados son los árboles de la zona, entre los que se cuentan robles y castaños. Los vecinos afectados por las obras han denunciado que las empresas madereras llevan semanas talándolos amparándose en la expropiación forzosa que pesa sobre los terrenos desde enero. Aunque los ecologistas han constatado la presencia de vigilantes en la zona, denuncian que estos no son suficientes para evitar las talas descontroladas. Del mismo modo algunos vecinos han empezado a derribar los muros y cercas para aprovechar la piedra de sus terrenos.

Debido a que el tramo afectado de la PO-255 tiene una extensión de 9,5 kilómetros, inferior por lo tanto a los 10 kilómetros requeridos por el Real Decreto 1/2008 para efectuar el estudio de impacto medioambiental, y que no se encuentra dentro de los territorios protegidos por la Red Natura, no existía la obligación legal de redactar este informe para avalar el proyecto. Con todo, su valor ecológico y la antigüedad de la carretera (ejecutada con anterioridad a 1860, antes de que hubiese legislación medioambiental), son motivos "más que suficientes", según el ecologista de la Asamblea do Suído Alexandre Cendón, para efectuar el denominado estudio de incidencia ambiental. Se trata de un tipo de informe voluntario que debe contar con la aprobación del Consello de la Xunta.

A pesar de que este periódico ha intentado durante semanas conocer si la Consellería de Medio Ambiente realizó algún tipo de estudio de evaluación ambiental, no ha obtenido ninguna respuesta. La única explicación facilitada por la consellería es que cuando se aprobó el proyecto, en 2009, la salamandra rabilarga no se encontraba en el catálogo autonómico de especies protegidas. Esa misma variedad figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas desde el 5 de abril de 1990.

Las obras de ampliación de la PO-255 saltaron a los medios por primera vez a principios de julio, cuando algunos vecinos interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por fallos en la tramitación de la expropiación forzosa. Esperanza González, una de las afectadas, denunció entonces que el trámite se había realizado sin la necesaria fase de exposición pública. Su caso sigue en el juzgado sin que haya obtenido todavía una respuesta de la Administración.