Los consumidores rechazan pagar los platos rotos de la ACA

Todo el mundo lo comprende: la Agencia Catalana del Agua (ACA) requiere un nuevo modelo de financiación, vista la delicada situación en que se encuentra: aplastada por el endeudamiento, que este año puede alcanzar los 2.222 millones de euros, y con unos ingresos que sólo cubren el 68% de los gastos. Pero decidir sobre ese nuevo modelo va a ser complicado. Los consumidores y las federaciones de vecinos alertan ya de que no están dispuestos a que el ciudadano acabe pagando por los problemas financieros de la entidad pública y piden que sean las administraciones las que se hagan cargo.

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Todo el mundo lo comprende: la Agencia Catalana del Agua (ACA) requiere un nuevo modelo de financiación, vista la delicada situación en que se encuentra: aplastada por el endeudamiento, que este año puede alcanzar los 2.222 millones de euros, y con unos ingresos que sólo cubren el 68% de los gastos. Pero decidir sobre ese nuevo modelo va a ser complicado. Los consumidores y las federaciones de vecinos alertan ya de que no están dispuestos a que el ciudadano acabe pagando por los problemas financieros de la entidad pública y piden que sean las administraciones las que se hagan cargo.

"¿Subir el canon del agua? ¡El IPC y poco más! El problema no puede cargarse sobre el usuario, y menos en crisis", afirma, de entrada, Joan Morejón, miembro de la junta directiva de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC), con presencia en la ACA. Morejón admite que poner agua a disposición del consumidor es "caro" y que hace falta un debate social abierto que permita un acuerdo. Propone que el agua gane protagonismo en el reparto de los recursos para infraestructuras que derivan de la disposición adicional tercera del Estatuto, con que el Estado intenta paliar el déficit histórico de inversiones en Cataluña.

Directiva europea

"A priori no aceptaríamos ningún tipo de subida", apunta desde la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC) José Miguel Sanz, quien no obstante se muestra abierto a analizar en detalle la situación en el seno de una comisión que debata y lance propuestas. La UCC coincide en que las inversiones de la ACA deberían sustentarse esencialmente en los presupuestos de la Administración y no en la tasa del agua. "A nadie se le ocurre que las carreteras se mantengan con los impuestos de los coches o de la gasolina", se queja. Sanz enfatiza que ante la sequía ha habido ahorro de agua. "La respuesta ha sido subidas del precio del agua por encima del IPC para poder mantener los beneficios de las empresas suministradoras", protesta.

El debate es más complicado de lo que parece. La directiva marco europea del agua señala el camino que deben seguir obligatoriamente los países comunitarios: los costes del servicio deben recuperarse, es decir, que lo que cuesta todo el ciclo del agua -lo que ocurre desde que se capta, transporta y depura, hasta que llega a casa- se refleje en lo que pagan los usuarios.

"Hay que andar con pies de plomo, ir con mucho cuidado en este tema", advierte Joan Martínez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc), que también tiene voz en el debate abierto por la ACA. Las asociaciones vecinales reclaman mayor progresividad en el gravamen en función del consumo. "El que despilfarre agua que pague todo lo que haga falta", afirma Martínez. Sobre todo, pide la Confavc que se garantice progresividad a la hora de pagar en función de la renta del consumidor. La confederación tiene en marcha una campaña contra las subidas de precios en los servicios básicos como el agua.

Para los usuarios industriales, el canon, tal como funciona ahora, está "obsoleto" y debería "rediseñarse", porque "se concibió esencialmente para corregir la contaminación, pero cuando contaminas menos, bajan los ingresos de la ACA", señala Alba Cabañas, que los representa en la agencia pública. De modo que una subida del canon porque la ACA tenga problemas financieros sería como penalizar su esfuerzo. Para las empresas, la cuestión no debe limitarse a pagar más o menos canon, sino centrarse en que "se repartan mejor las cargas entre todos, tanto las administraciones como los usuarios domésticos, agrarios e industriales", añade Cabañas.

El debate avanza, según todos los consultados, hacia una separación clara entre las infraestructuras necesarias, que pagarían los presupuestos, y lo que cuesta prestar el servicio en sí, que pagarían los usuarios.