Una sentencia avala el contrato de parquímetros en Carabanchel

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza la demanda del grupo municipal socialista contra el contrato del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en ocho barrios del sur y Carabanchel. El fallo echa abajo sus argumentos técnicos contra la contratación y rechaza que la relación personal del concejal de Movilidad con el contratista influyera en el proceso.

El contrato se adjudicó en 2005 a las empresas Sufi e Hixienes, cuyo apoderado, Juan Manuel Casares, era amigo y compañero del edil Pedro Calvo en Nuevas Generaciones hace más de una década. El PSOE de...

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza la demanda del grupo municipal socialista contra el contrato del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en ocho barrios del sur y Carabanchel. El fallo echa abajo sus argumentos técnicos contra la contratación y rechaza que la relación personal del concejal de Movilidad con el contratista influyera en el proceso.

El contrato se adjudicó en 2005 a las empresas Sufi e Hixienes, cuyo apoderado, Juan Manuel Casares, era amigo y compañero del edil Pedro Calvo en Nuevas Generaciones hace más de una década. El PSOE denunció supuestas irregularidades en la adjudicación. Entre ellas, la ausencia de objetividad en los criterios valorativos del concurso o que el contrato no se debía haber tramitado por urgencia. Apuntaron además a la supuesta amistad entre el edil y el adjudicatario para basar su demanda.

El TSJM entiende ahora que las relaciones personales de Calvo y el administrador no influyeron en la contratación y que se trata de una "cuestión totalmente ajena" al tribunal. También recrimina al PSOE que no planteara la demanda antes de la adjudicación y rechaza otra petición de anulación de una de las empresas que quedó fuera del concurso, Setex Aparki, SA.

Dos ediles socialistas han presentado varias demandas en contra de los parquímetros. En una anterior, el TSJM consideró que los parquímetros situados fuera de la M-30 eran ilegales porque no se amplió el servicio con el procedimiento adecuado. El Ayuntamiento ha pedido la nulidad de esa sentencia y espera ahora la respuesta definitiva del tribunal.