Gobierno y UE son acusación en el fraude de la leche negra
La Comisión Europea y el Gobierno central son acusación particular el fraude de la leche negra, el proceso en el que están imputadas cuatro de las cinco cooperativas que se han hecho con la planta de Pascual en Outeiro de Rei (Lugo). Bruselas se personó en octubre de 2007 en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa a las cooperativas de un presunto fraude fiscal por la venta de los excedentes de producción láctea a las industrias, eludiendo la supertasa de la UE.
Tanto el Ministerio de Me...
La Comisión Europea y el Gobierno central son acusación particular el fraude de la leche negra, el proceso en el que están imputadas cuatro de las cinco cooperativas que se han hecho con la planta de Pascual en Outeiro de Rei (Lugo). Bruselas se personó en octubre de 2007 en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa a las cooperativas de un presunto fraude fiscal por la venta de los excedentes de producción láctea a las industrias, eludiendo la supertasa de la UE.
Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Abogacía del Estado, como la Comisión Europea, se han personado en la causa por entender dañados sus respectivos intereses y "por el perjuicio económico causado tanto para el Tesoro Público como para el presupuesto de la Unión Europea". Fuentes de la Comisión Europea señalan que la decisión de personarse responde a una resolución colegiada adoptada por los comisarios, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) asiste al magistrado Fernando Andreu en todas cuantas diligencias lleva a cabo, señalan las mismas fuentes.
Más de 90 millones
En el caso colaboran tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Industria. Desde el departamento que dirige Elena Espinosa confirman que fueron las pesquisas de dicho organismo las que descubrieron el presunto fraude, que posteriormente puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Según la querella presentada, que fue admitida a trámite a principios de 2007, el presunto fraude puede superar los 96 millones de euros, cometido entre 2001 y 2003.
En el caso están imputadas cuatro de las cinco cooperativas que han llegado a un acuerdo para hacerse con Pascual -La Arzuana y Perpetuo Socorro (Arzúa), Gancobre (Pastoriza) y Mopan (Monterroso)-, que forman parte de un grupo de una veintena de sociedades presuntamente implicadas en el fraude. La red creaba, según la fiscal del caso, una malla de sociedades ficticias que ocultaba las ventas a las industrias a través de falsas importaciones de leche. También está imputado un grupo de primeros compradores.