Los embargados en paro tendrán prioridad a la hora de acceder a alquileres sociales
Vivienda dará prioridad a las personas en paro que hayan perdido su casa por ejecución hipotecaria a la hora de ofrecer alquileres sociales. Una modificación legal en una orden del año 2003 hará que esta medida entre en vigor a partir del próximo martes.
La iniciativa pretende hacer frente a los efectos de la crisis económica, según explicó ayer el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, quien detalló que su departamento estima, basándose en datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este año se produzcan en Euskadi unas 1.533 ejecuciones hipotecarias, buena parte motivadas...
Vivienda dará prioridad a las personas en paro que hayan perdido su casa por ejecución hipotecaria a la hora de ofrecer alquileres sociales. Una modificación legal en una orden del año 2003 hará que esta medida entre en vigor a partir del próximo martes.
La iniciativa pretende hacer frente a los efectos de la crisis económica, según explicó ayer el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, quien detalló que su departamento estima, basándose en datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este año se produzcan en Euskadi unas 1.533 ejecuciones hipotecarias, buena parte motivadas por la entrada en el paro de los propietarios de la vivienda, frente a las 985 del pasado año o a las 584 del ejercicio 2007.
Arriola precisó que el alquiler a abonar por los beneficiarios se fijará en función de sus posibilidades económicas. Con esta modificación legal, según añadió el consejero, el departamento ha puesto ya en marcha las tres medidas en materia de vivienda que se comprometió a desarrollar en el corto plazo. Las otras dos son la inversión de 22 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y el acuerdo para impulsar la movilización del stock de vivienda nueva vacía de propiedad privada en régimen de alquiler.
Ezker Batua, partido del anterior consejero de Vivienda, Javier Madrazo, criticó duramente la medida de Arriola por entender que no ayudará a conservar su piso a las personas en paro, sino que busca "reducir el riesgo de insolvencia de los bancos".
Esta formación, que al término de la anterior legislatura planteó un programa de alquiler social universal, también criticó la forma en la que el Gobierno pretende incentivar el arrendamiento de las viviendas vacías, ya que considera que rebajar el precio de los alquileres de este programa de 750 a 600 euros "sólo contribuirá a desincentivar su éxito" y supone una renuncia a acometer de manera decidida el problema de las más de 15.000 viviendas vacías.
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