El aborto en América Latina
En un reciente editorial de su periódico se menciona que la mayoría de los Gobiernos de América Latina coincide en su drástica negativa a debatir siquiera la despenalización del aborto. Pero la cuestión es incluso más grave. Los Gobiernos de Nicaragua y de la República Dominicana, por ejemplo, han modificado sus legislaciones con el fin de prohibir el aborto en todas las circunstancias.
En 2008, Nicaragua ilegalizó el aborto en todos los casos. Antes permitía el aborto a mujeres y niñas cuya vida o salud peligrara con el embarazo y a supervivientes de violación o incesto. Hoy el aborto ...
En un reciente editorial de su periódico se menciona que la mayoría de los Gobiernos de América Latina coincide en su drástica negativa a debatir siquiera la despenalización del aborto. Pero la cuestión es incluso más grave. Los Gobiernos de Nicaragua y de la República Dominicana, por ejemplo, han modificado sus legislaciones con el fin de prohibir el aborto en todas las circunstancias.
En 2008, Nicaragua ilegalizó el aborto en todos los casos. Antes permitía el aborto a mujeres y niñas cuya vida o salud peligrara con el embarazo y a supervivientes de violación o incesto. Hoy el aborto en Nicaragua está totalmente prohibido. Además de esta criminalización hacia las mujeres y las niñas, se pueden imponer penas de cárcel e inhabilitación a los profesionales de la salud que realicen cualquier tipo de aborto, incluso cuando causen involuntariamente lesiones al feto en el tratamiento preescrito a las embarazadas contra enfermedades potencialmente mortales.
La República Dominicana ha modificado recientemente su Constitución en los mismos términos, lo cual limita el acceso a abortos seguros a mujeres que sufren complicaciones que ponen en peligro su vida o necesitan un tratamiento que puede salvarlas de la muerte pero es incompatible con el embarazo.
Los abortos inseguros, que se producen en mayor número cuando las leyes impiden el aborto en cualquier circunstancia, están entre las cinco principales causas de mortalidad materna en todo el mundo. Los Gobiernos deberían recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que tienen la obligación de proteger.