ERC pide a la Generalitat que recurra el fondo bancario por invadir competencias

El nuevo fondo de rescate financiero no ha esquivado finalmente la disputa por las competencias autonómicas en las cajas de ahorros. El secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, emplazó ayer a la Generalitat a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aprobado el viernes, por considerarlo un "asalto al poder" del Gobierno central.

El conflicto estriba en que el Banco de España, que pilotará este fondo y por tanto la reordenación bancaria, dejará hacer a las entidades con relativa salud que decidan integrarse, ...

El nuevo fondo de rescate financiero no ha esquivado finalmente la disputa por las competencias autonómicas en las cajas de ahorros. El secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, emplazó ayer a la Generalitat a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aprobado el viernes, por considerarlo un "asalto al poder" del Gobierno central.

El conflicto estriba en que el Banco de España, que pilotará este fondo y por tanto la reordenación bancaria, dejará hacer a las entidades con relativa salud que decidan integrarse, e incluso podrá adjudicarles fondos, pero aquella caja cuya anemia requiera la intervención tendrá que someterse a las decisiones del supervisor, sin necesidad de una "autorización previa" de los gobiernos autónomos, que tienen las competencias exclusivas en materia de fusiones de estas entidades.

"Estamos preocupados porque el Gobierno, con el pretexto del riesgo de solvencia de algunas entidades y cajas, acaba de hacer un asalto al poder del control de algunas cajas, al permitir la privatización por la puerta de atrás", advirtió ayer Ridao en declaraciones a los periodistas. Según el republicano, el diseño del FROB "pasa por encima" de las competencias de la Generalitat, ya que "en una supuesta intervención del Banco de España, la Generalitat no tendrá capacidad de veto". Según Ridao, además, el decreto que alumbra el fondo abre la posibilidad de que los bancos adquieran participaciones "en derechos políticos y derechos de voto" en las entidades afectadas.

El Gobierno de José Montilla se limitó a advertir el viernes que "si no se respetan lo suficiente las competencias autonómicas" en casos de intervención, actuará en consecuencia. Pero el caso de que una caja catalana esté tan débil que requiera la intervención y una fusión forzosa en la que el Banco de España y la Generalitat discrepen no tiene por qué darse.

Los movimientos ya han empezado en Cataluña. Las conversaciones entre las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu con vistas a cerrar una integración, a las que se podría sumar Caixa Manresa con condiciones, han llevado a los sindicatos a pedir garantías. Dolors Llobet, portavoz de CC OO de Cataluña, recalcó ayer que las alianzas de estas cajas no tienen por qué provocar un excedente de plantilla relevante y que las condiciones laborales de los trabajadores serán el "condicionante" para que el sindicato respalde la operación. Llobet añadió que las entidades "han reconocido las conversaciones y han dicho que cualquier medida será negociada".

UGT también se ha alineado en la defensa del empleo. "La principal prioridad para un sindicato de clase como es la UGT es la defensa de todos los puestos de trabajo y desde este punto de vista es como vamos a abordar los procesos de reestructuración que pudieran darse en el sector, especialmente en los procesos de fusión", señaló el sindicato en un comunicado. La central ugetista también ha rechazado del fondo de rescate conceder derechos políticos a las cuotas participativas, ya que, según UGT, podrían convertirse en sociedades anónimas.

Caixa Sabadell cuenta con 379 oficinas (26 fuera de Cataluña); la de Terrassa, con 281 (13 fuera), y la de Manlleu, con 104 (tres fuera), aunque las tres han emprendido ya procesos de cierre de algunas sucursales. La operación, que afectaría a unos 4.600 empleados, será comunicada al Banco de España la próxima semana, informó ayer Efe.

Por otra parte, las cajas de Sabadell y Terrassa deberán compensar a uno de sus socios aseguradores cuando se lleve a cabo la fusión, al haber cerrado cada entidad alianzas con distintos grupos del sector, según fuentes financieras citadas por Efe. Esta compensación supondrá que la caja resultante de la fusión deba abonar unos 200 millones de euros al asegurador que quede descartado.