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La Comunidad ingresará unos 42 millones en 2009 por las notificaciones en el BOCM - Gallardón lleva el caso a los tribunales

En esta época de crisis económica, en la que los periódicos buscan rediseñar su modelo empresarial y donde Internet se lo come todo, queda una publicación impresa que conserva unos beneficios muy jugosos y que ha sabido adaptarse al mundo digital sin perder ni un duro. Barato de producir y muy rentable: El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Dicha publicación, que se nutre de los anuncios oficiales y las notificaciones que realizan todas las administraciones de la Comunidad de Madrid, ingresa unos 42 millones de euros anuales. Sin embargo, según la liquidación del presupue...

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En esta época de crisis económica, en la que los periódicos buscan rediseñar su modelo empresarial y donde Internet se lo come todo, queda una publicación impresa que conserva unos beneficios muy jugosos y que ha sabido adaptarse al mundo digital sin perder ni un duro. Barato de producir y muy rentable: El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Dicha publicación, que se nutre de los anuncios oficiales y las notificaciones que realizan todas las administraciones de la Comunidad de Madrid, ingresa unos 42 millones de euros anuales. Sin embargo, según la liquidación del presupuesto de 2006 (las otras no están registradas y la Comunidad no las facilitó) que consta en el Ministerio de Hacienda, sus gastos son de 8.700.000 euros. Eso lo convierte en un periódico más rentable, incluso, que el BOE (gasta 40 millones e ingresa 70).

El Ayuntamiento tiene que pagar para publicar las multas y gasta 20 millones

Y es que los costes de publicación del BOCM no son elevados. Debido a la digitalización de los contenidos, cada vez se tiran menos ejemplares. Concretamente, imprimen 3.000 ejemplares diarios de lunes a sábado. Muy poco para justificar el coste. Tinta, algo de mano de obra y papel son los elementos a sufragar.

El problema, y el fundamento del recurso que el Ayuntamiento ha interpuesto en los tribunales ahora, es que la ley de Tasas y Precios Públicos y la Ley General Tributaria obliga a equilibrar los gastos y los ingresos.

La Comunidad argumenta que el ingreso por las tasas de publicación no es el total de lo que gana el BOCM (utiliza la imprenta para realizar otro tipo de publicaciones). Sin embargo, solamente el Consistorio de la capital se gasta 22 millones de euros al año en notificaciones en ese boletín. Únicamente las multas ya suponen 20 de esos millones. "Es un derroche de coste tremendo. El BOE, por ejemplo, no tiene ingresos por tasas, cobra por anuncios. Queremos que se cambie este sistema que no funciona para nada", explica Rosana Navarro, gerente de la Agencia Tributaria de Madrid.

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Pero un portavoz de la Comunidad de Madrid recuerda que dicha tasa de publicación (795 euros por página) "es la misma que se cobraba en tiempos de Leguina" y que sólo se le ha añadido el aumento del IPC. "Gallardón también la cobró cuando era presidente de la Comunidad. Y nosotros, cosa que no sucedía en su época, no cobramos los anuncios de planes urbanísticos, leyes o normas", insiste este portavoz.

El Ayuntamiento se encuentra con el problema de que tiene que publicar por fuerza en el BOCM todas las notificaciones porque Madrid es uniprovincial y no tiene ningún boletín de Diputación. El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, sí puede notificar a través del diario provincial, cuya publicación, a diferencia del caso madrileño, no tiene ningún coste para las arcas municipales. Es decir, comunicar las multas le sale a Madrid 20 millones de euros más caro que a Barcelona.

"Desde que se publicó la ley 5/2002 de boletines de provincia, la diputación de Barcelona pensó que para todos los anuncios en que no había un interés directo (excluidos los de contratación o licitación) tenían que ser gratuitos. Hicimos un boletín más ajustado de costes y sólo electrónico. Muchas diputaciones han hecho lo mismo, y el resto que no quería está siendo obligada por los tribunales", explican fuentes de Diputación de Barcelona.

También argumenta la Comunidad que el Ayuntamiento ha perdido otros recursos por este asunto. Sin embargo, los ha perdido desde que en 2004 el Gobierno de Aguirre modificó la ley para que formalmente quedara establecido que a quien se estaba cobrando la tasa era, en realidad, a los infractores. Quedaba implícito en la modificación que, como éstos no estaban localizables, se nombraba sustituto al Ayuntamiento y este podía luego decidir si les cobraba a los sancionados. Así se argumentaba que había beneficio en un particular. "Desde 2003 ganábamos en los tribunales porque decían que no había un beneficio particular. Nos devolvían el dinero. Pero hicieron un cambio en su norma en 2004 y empezamos a perder", recuerda Navarro.

En cualquier caso, con la entrada en vigor de la nueva ley de tráfico (presumiblemente en enero de 2010), se empezará a notificar sólo a través de un boletín digital sin coste alguno.

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