El fiscal pide 78 y 62 años por el triple crimen de Castelldefels
Un familia murió apuñalada en el atraco a una joyería
El fiscal solicita penas que suman 78 y 62 años de cárcel para los dos acusados del crimen de tres personas de una misma familia que regentaban una modesta joyería de Castelldefels. Ocurrió el 29 de noviembre de 2005 en la joyería Royo, cuando dos ladrones que se hicieron pasar por operarios de una empresa dedicada a la instalación de aparatos de aire acondicionadoirrumpieron en el comercio.
Allí esgrimieron un revólver simulado y un machete de grandes dimensiones, y amedretaron a la mujer que regentaba la joyería para que les entregara las joyas. La víctima empezó a gritar y alertó a s...
El fiscal solicita penas que suman 78 y 62 años de cárcel para los dos acusados del crimen de tres personas de una misma familia que regentaban una modesta joyería de Castelldefels. Ocurrió el 29 de noviembre de 2005 en la joyería Royo, cuando dos ladrones que se hicieron pasar por operarios de una empresa dedicada a la instalación de aparatos de aire acondicionadoirrumpieron en el comercio.
Allí esgrimieron un revólver simulado y un machete de grandes dimensiones, y amedretaron a la mujer que regentaba la joyería para que les entregara las joyas. La víctima empezó a gritar y alertó a su marido y a su hijo, que se encontraban en un taller situado en la planta superior.
Cuando bajaron, el acusado Fernando Sánchez Medina les asestó varias puñaladas a todos ellos mientras el otro atracador y sobrino del primero, Juan Antonio Sánchez Hernández, les amedrentaba con el revólver. El fiscal explica en su escrito de acusación que José Luis Royo, el marido, recibió varias puñaladas en la boca y la tráquea, y que otra le perforó el corazón y le alcanzó el pulmón.
Su hijo, Carlos Royo, corrió la misma suerte y una de las puñaladas también le perforó el pericardio y la arteria pulmonar. La madre, Rosa María Alonso, fue igualmente apuñalada en diversas partes del cuerpo, pero pudo salir tras los atracadores. Cayó desplomada cuando Sánchez Medina le volvió a asestar un machetazo. Su esposo y su hijo murieron al instante.
El fiscal imputa a este acusado tres delitos de asesinato y solicita 25 años de cárcel por cada uno de ellos, el máximo que permite el Códido Penal. En el caso de Juan Antonio Sánchez Hernández, el fiscal reclama 21 años de cárcel por cada asesinato. Además pide otros tres años de prisión para cada uno por robo con violencia.
La fiscalía aplica la agravante de reincidencia a Sánchez Medina, pues en 1989 ya fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 27 años y 4 meses de cárcel por robo con homicidio, tenencia de armas y otros delitos. Sin embargo, apenas cumplió seis años de cárcel, pues fue excarcelado por una supuesta enfermedad incurable y un trastorno de salud.
La acusación particular ejercida por la familia de las víctimas considera que nada justificaba aquella excarcelación y por ese motivo solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat, por ser la competente de la política penitenciaria en Cataluña. A los días de cometerse el crimen, el Departamento de Justicia reconoció que el preso nunca debió ser excarcelado y que si eso ocurrió fue a causa de un mal diagnóstico médico del que no era responsable el sistema penitenciario. La acusación particular también reclama penas que suman 78 años de cárcel para cada acusado
El crimen provocó en su día una gran conmoción en Castelldefels y el Ayuntamiento de esa población se personó en el proceso como acusación popular. Los letrados que representan a la Administración municipal, del despacho Martell Abogados, solicitan las mismas penas que la fiscalía.
Riesgo de que los acusados queden libres
Los dos acusados cumplirán el próximo 2 de diciembre cuatro años de prisión preventiva. Si para entonces no se ha dictado sentencia, deberán ser excarcelados sin remedio alguno, en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El caso lleva unas semanas en la oficina del jurado de la Audiencia de Barcelona y todavía no se ha señalado la fecha de celebración del juicio, que muy probablemente se prolongue más de una semana, en vista de la larga relación de testigos que serán citados, aunque en estos casos la última palabra la tiene el magistrado presidente del jurado, que es quien decide si las sesiones serán de mañana y tarde, y cuántas horas se prolongarán.
Pero es indudable que el juicio durará unos días porque, por ejemplo, el fiscal reclama que comparezcan 13 testigos protegidos y otras 16 personas, principalmente policías de la investigación. A esa relación se suman otras 40 personas que comparecerán en la práctica de las diversas pruebas periciales: técnica, médica, química, lofoscópica, biológica, criminalística, económica y psiquiátrica.
De ahí la importancia de juzgar el caso cuanto antes para evitar actuar contrarreloj y que algún imprevisto pueda obligar a aplazar la vista, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
"Si el juicio no está señalado todavía debe de ser un error, porque estoy muy encima de todos los asuntos del jurado", dijo ayer el presidente de la Audiencia de Barcelona, José Luis Barrera. Su opinión no la comparten algunos magistrados, quienes además censuran el atasco que sufre la oficina del jurado y su incapacidad para absorber todas las causas que llegan.
Al atasco judicial se suma la lentitud con la que actúan algunos jueces de instrucción en abrir procedimiento del jurado, cuando es más que evidente que la causa se ha de tramitar así. En este caso, el jugado de Gavà tardó más de un año, aunque es cierto que aquellos órganos también están muy saturados.