La Agencia admite serias diferencias con Cataluña
La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas es el cuento de nunca acabar. Y el consorcio entre la Agencia Tributaria y la Generalitat sigue el mismo camino: lleva ya más de ocho meses de retraso respecto a la fecha en la que el Estatuto catalán preveía su puesta en marcha. El director de la Agencia, Luis Pedroche, asegura que hay acuerdo en algunos puntos, pero admite serias "diferencias" en la concepción del consorcio entre Cataluña y Hacienda.
Las peticiones de Cataluña -que plantea un régimen en el que el nuevo consorcio gestione, administre y recaude impuesto...
La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas es el cuento de nunca acabar. Y el consorcio entre la Agencia Tributaria y la Generalitat sigue el mismo camino: lleva ya más de ocho meses de retraso respecto a la fecha en la que el Estatuto catalán preveía su puesta en marcha. El director de la Agencia, Luis Pedroche, asegura que hay acuerdo en algunos puntos, pero admite serias "diferencias" en la concepción del consorcio entre Cataluña y Hacienda.
Las peticiones de Cataluña -que plantea un régimen en el que el nuevo consorcio gestione, administre y recaude impuestos, incluso más allá del IRPF- "supondría fragmentar la gestión del IRPF, con gran confusión para el contribuyente". "No tiene sentido fragmentar el sistema de información, eso crearía serios problemas a la hora de conocer rentas que se hayan producido en territorios distintos a la comunidad en la que el contribuyente tiene el domicilio fiscal. Si rompemos el sistema es imposible enviar los borradores de la renta en los plazos actuales", señala Pedroche.
El máximo responsable de la Agencia persigue un modelo de consorcio que planifique la gestión de impuestos y diseñe la campaña de la renta y la publicidad. Pero quiere que la ejecución siga como hasta ahora. "En el IRPF tiene que haber planificación compartida, máxime si la participación de las comunidades llega al 50%. Pero de ninguna manera los cambios pueden provocar una pérdida de eficacia, ni un aumento de los costes, ni de las cargas de cumplimiento que ya soportan los contribuyentes", dice Pedroche.