Desconocimiento de la realidad
El problema constituyente con el que tenía que enfrentarse la sociedad española tras la muerte del general Franco no era el de su constitución como un Estado social y democrático de derecho, sino el de la estructura territorial que debería tener ese Estado democrático. La transición de la dictadura a la democracia era políticamente muy difícil, pero constitucionalmente muy fácil. La sociedad española tenía materialmente resueltos todos los problemas a los que formalmente tenía que dar respuesta la futura Constitución.
Lo que la sociedad española no tenía resuelto era la forma territoria...
El problema constituyente con el que tenía que enfrentarse la sociedad española tras la muerte del general Franco no era el de su constitución como un Estado social y democrático de derecho, sino el de la estructura territorial que debería tener ese Estado democrático. La transición de la dictadura a la democracia era políticamente muy difícil, pero constitucionalmente muy fácil. La sociedad española tenía materialmente resueltos todos los problemas a los que formalmente tenía que dar respuesta la futura Constitución.
Lo que la sociedad española no tenía resuelto era la forma territorial del Estado democrático que tenía que constitucionalizar. De ahí todas las vacilaciones en el proceso constituyente, las ambigüedades en el texto constitucional y los vaivenes en la interpretación de la Constitución una vez en vigor. Inicialmente pareció que la estructura del Estado iba a ser definida en clave nacionalista, con una posición muy diferenciada de Cataluña y País Vasco y en menor medida de Galicia, respecto de las demás regiones, pero tras el resultado del referéndum del 28 febrero en Andalucía, se acabó optando por una definición del ejercicio del derecho a la autonomía en condiciones de igualdad, quedando el Estado español territorializado por completo en 17 comunidades autónomas con la misma arquitectura institucional y el mismo nivel competencial.
El nacionalismo democrático vasco no tiene fuerza para alterar la estructura del Estado
Ésta ha sido la transformación más importante que se ha producido con base en la Constitución de 1978. No hay ningún otro terreno en el que haya tanta diferencia entre el Estado constitucional de hoy y las distintas formas de manifestación anteriores del Estado constitucional en España. El Estado autonómico sí que es un nuevo Estado. Y es un nuevo Estado, cuya configuración se impone a todas las nacionalidades y regiones que lo integran de una manera inmodificable para cada una de ellas individualmente considerada. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la interpretación de la Constitución que se ha acabado imponiendo, pero la estructura del Estado resultante de dicha interpretación es, por el momento, irreversible.
Al nacionalismo catalán no le ha resultado fácil aceptar esa nueva estructura del Estado, pero ha acabado haciéndolo. En Convergència parece apuntarse, en esta segunda legislatura fuera del Gobierno de la Generalitat, una deriva hacia la no aceptación de la misma, pero es todavía muy incipiente.
El nacionalismo democrático vasco, por el contrario, no ha aceptado el Estado autonómico español tal como ha quedado definitivamente configurado. Sigue pensando todavía en un Estado español que ya no existe. Y ello le ha llevado a poner en práctica una estrategia política que lo está conduciendo a un callejón sin salida.
El nacionalismo democrático vasco no tiene fuerza para alterar la estructura del Estado. Es una fuerza política minoritaria, aunque sea la más votada, en términos parlamentarios y lo es mucho más en términos sociales y políticos en el País Vasco. Únicamente con el concurso de la izquierda abertzale puede impedir que los partidos no nacionalistas tengan mayoría. Y con dicho concurso el nacionalismo democrático pierde legitimidad política y social, es decir, se debilita.
Esta realidad es la que el PNV ha desconocido desde finales del siglo pasado, en que a través del Pacto de Lizarra primero y a través de las distintas versiones del plan Ibarretxe, que únicamente han podido ser aprobadas en el Parlamento vasco con la ayuda de Batasuna, ha intentado quebrar la estructura del Estado en lo que al País Vasco se refiere, pretendiendo excepcionalizar la vigencia de la Constitución en dicho territorio. Esto es lo que significaba la reforma del Estatuto de Gernika que aprobó el Parlamento vasco o la ley que autorizaba al lehendakari a convocar un referéndum sobre el llamado derecho a decidir. La reforma fue rechazada por el Congreso de los Diputados y la ley anulada por el Tribunal Constitucional, sin que el Gobierno vasco tuviera capacidad de respuesta frente a estas decisiones.
Peor todavía. Su reacción en ambos casos se le ha vuelto en contra. Disolvió el Parlamento tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto y el resultado fue un fracaso. Ha vuelto a convocar elecciones tras la anulación de la ley sobre el referéndum y el resultado ha sido que por primera vez hay una mayoría no nacionalista en el Parlamento vasco.
En política, como en todo, el desconocimiento de la realidad no conduce a ninguna parte. Es lo que viene haciendo el PNV desde hace algo más de una década. De momento, parece que le va a conducir a perder el Gobierno. Esperemos que aprenda la lección.