La Generalitat ofrece comprar los pisos protegidos si el dueño no paga
La medida busca estimular el crédito de cajas y bancos a los compradores
Casi el 40% de los 220 beneficiarios de un sorteo de vivienda protegida en el barrio barcelonés del Poblenou había renunciado el pasado mes de octubre a su piso porque el banco no les había concedido la hipoteca para pagarlo, pese a que la banca había prometido en Cataluña la concesión de 12.000 millones de euros en tres años para financiar las compras de VPO.
La sequía de crédito, negada oficialmente por la banca, ha quedado patente en casos como éste y el Gobierno catalán busca maneras de crear confianza en el sector financiero: la última, ofrecerse a recomprar y devolver al mercado l...
Casi el 40% de los 220 beneficiarios de un sorteo de vivienda protegida en el barrio barcelonés del Poblenou había renunciado el pasado mes de octubre a su piso porque el banco no les había concedido la hipoteca para pagarlo, pese a que la banca había prometido en Cataluña la concesión de 12.000 millones de euros en tres años para financiar las compras de VPO.
La sequía de crédito, negada oficialmente por la banca, ha quedado patente en casos como éste y el Gobierno catalán busca maneras de crear confianza en el sector financiero: la última, ofrecerse a recomprar y devolver al mercado los pisos protegidos que sean impagados, en lugar de quedar en manos de la banca.
La medida, que tiene que pasar por el acuerdo con 18 entidades financieras que operan en Cataluña, está ideada con la previsión de que en 2009 saldrán al mercado protegido un total de 15.000 viviendas y de éstas, el Gobierno catalán calcula un índice de morosidad del 2%. "La tasa de morosidad en vivienda protegida es de los más bajos que hay, suele ser del 1%, aunque en el último año haya podido crecer, pero a un máximo del 2%", sostienen fuentes del Departamento de Medio Ambiente y vivienda.
El Ejecutivo quiere evitar las renuncias de beneficiarios a la vivienda
De las 15.000 viviendas protegidas calculadas para este año, hasta 10.000 corresponden a aquellas que particulares e inmobiliarias no pueden vender y que pueden pasar de precio libre a concertado, en el marco de otra de las medidas del Gobierno autónomo en este campo.
Inmobiliarias, sindicatos y cooperativas llevaban meses acusando a la banca de no cumplir con su parte del trato en lo que a VPO respecta, denegando multitud de hipotecas para pisos protegidos y, de, en general, poner en peligro el Pacto por la Vivienda. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), revelaban que las ventas de vivienda protegida en Cataluña habían caído el 45,4% hasta julio de 2008, respecto al mismo periodo del año anterior, y los expertos del sector coinciden en que este bajón se debe a la anemia crediticia.
El presidente catalán, José Montilla, anunció ayer la medida en un acto con las cámaras de comercio catalanas en el que manifestó su preocupación por la restricción del crédito por parte de bancos y cajas, "como consecuencia de la crisis financiera".
La actuación que plantea la Generalitat aún tiene muchos flecos que cerrar. En principio, plantea que tanto los bancos como los propietarios de las viviendas puedan acudir a la Administración para reclamar que se compre la vivienda en cuestión, pero la Generalitat no actuará como avaladora.
En Barcelona ciudad hay actualmente en construcción unas 3.000 viviendas de protección oficial que se irán sorteando a medida que se acaben y cuando entre en funcionamiento el registro único de solicitantes. "Confiamos en que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la línea de crédito de 12.000 millones de la banca, sí que sea efectiva la medida que anuncia la Generalitat, porque de lo que se trata es de dar salida a las viviendas sociales", apuntaba un responsable del Consistorio barcelonés.