Los escándalos de la gestión cultural

El Museo Balenciaga nunca tuvo plan financiero ni presupuesto

El inventario todavía no casa con las prendas existentes

El debate parlamentario sobre el caso Balenciaga resultó notablemente menos duro que el que le precedió a cuenta de la gestión del Guggenheim y terminó con un apoyo unánime al dictamen, al cambiar el PNV su abstención en la comisión por un voto afirmativo. Si algo lo endureció, fueron las acusaciones de "revolver la mierda" y "prostituir la investigación pública por intereses partidistas y electorales" lanzadas en los últimos días por la consejera de Cultura, Miren Azkarate.

El socialista Antonio Rivera acusó al Gobierno de arrogancia, de "poner en cuestión" la labor del Parlamen...

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El debate parlamentario sobre el caso Balenciaga resultó notablemente menos duro que el que le precedió a cuenta de la gestión del Guggenheim y terminó con un apoyo unánime al dictamen, al cambiar el PNV su abstención en la comisión por un voto afirmativo. Si algo lo endureció, fueron las acusaciones de "revolver la mierda" y "prostituir la investigación pública por intereses partidistas y electorales" lanzadas en los últimos días por la consejera de Cultura, Miren Azkarate.

El socialista Antonio Rivera acusó al Gobierno de arrogancia, de "poner en cuestión" la labor del Parlamento y de ignorar "el ámbito de actuación de cada poder en una sociedad democrática". Consideró todo ello la demostración de que los peneuvistas "llevan demasiado tiempo en su puesto para servir adecuadamente y con rigor a los ciudadanos". Rivera se declaró "moderadamente optimista" sobre el futuro del proyecto del Museo Balenciaga, basándose en la actual "buena relación" con el Ministerio de Cultura sobre esta cuestión.

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La lectura del dictamen aprobado permite descubrir hechos nuevos sobre lo ocurrido con el proyecto. El texto resultante de la investigación parlamentaria recalca que nunca hubo ni un plan financiero ni un presupuesto cerrado del proyecto. Agrega que, aún a día de hoy, y pese a los meses de investigación, el inventario de la colección el modisto que el Gobierno compró en 1988 no coincide con las piezas existentes. El Ejecutivo no encargó ningún inventario de las mismas hasta el año 2003 y lo puso en manos ajenas. Sigue sin existir tampoco una estimación de su valor y se produjeron desperfectos en algunos trajes que se prestaron para una exposición en el extranjero.

En este caso, facilitó al PNV su papel el hecho de que la consejera, Miren Azkarate; el ex director de Cultura guipuzcoano, Imanol Agote, y el anterior alcalde de Getaria, Josu Ezenarro, asumiesen su responsabilidad ante la comisión de investigación. También que la oposición hubiese aceptado entrar a juzgar la actuación de la Fundación Balenciaga, que precedió a la Sociedad Berroeta Aldamar al frente del proyecto, pese a tratarse de una entidad privada. En ella están, junto a numerosos e ilustres patronos individuales, el Ayuntamiento de Getaria y el Ministerio de Cultura.

Ese hecho permitió al portavoz del PNV en el debate, Luke Uribeetxeberria, explayarse en la denuncia de la Fundación, hasta el punto de que se quedó sin tiempo material para enjuiciar la actuación de los poderes públicos autonómicos, objeto del control de la Cámara. Así, entre las personas cuya labor enjuició duramente se contaron su compañero de partido, el ex alcalde peneuvista de Getaria Mariano Camio, factótum del proyecto, pero también el secretario de la Fundación, Manuel Cabrera, y el Ministerio de Cultura en los mandatos de las populares Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo y de la socialista Carmen Calvo.

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El único momento agrio del debate lo causó Uribeetxeberria al acusar al portavoz del PP en la investigación, Borja Sémper, de filtrar informaciones sobre su contenido y llegar a sugerir que el parlamentario popular necesitaría ayuda psiquiátrica. Semper le retó a demostrar lo primero o retirar sus palabras -el trabajo de la comisión se realizó a puerta cerrada- y respecto a lo segundo, lo consideró una muestra de "soberbia" y de "su idea de país: el que no comulga conmigo, necesita un psiquiatra".

Sémper fue también criticado por la consejera al término del debate. Este representante del PP denunció en febrero la desaparición y regalo de prendas de la colección a cargos públicos del PNV y ha mantenido un pulso con el Gobierno exigiendo documentación que el Ejecutivo se negó a enviar a la Cámara. La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, también concejal en Getaria y desde allí descubridora del escándalo, hizo hincapié en la responsabilidad del consistorio, única institución presente tanto en la Fundación como en Berroeta Aldamar, sin advertir de las dudas y tensiones en torno a Camio ni evitar que se le nombrara gerente de la última.

Sin papeles

El secreto que ha marcado el trabajo de las dos comisiones de investigación se mantuvo hasta el final: los dictámenes y los votos particulares no pudieron conocerse en su integridad hasta bastante después de la votación. Los servicios de la Cámara realizaron 75 copias contadas en papel para los parlamentarios y no se dió a los informadores el habitual cuaderno azul con los contenidos a debate en cada pleno.

El Reglamento de la Cámara fija el secreto y el trabajo a puerta cerrada en las deliberaciones de las comisiones de investigación, pero éstas ya se habían sustanciado ayer. El seguimiento informativo de la sesión monográfica hubo de realizarse sin conocer los textos que discutían los grupos.

El hecho se suma a los obstáculos por la comparecencia del ex director financiero del Guggenheim, Roberto Cearsolo, al que se hizo entrar por un túnel desde el edificio administrativo de la Cámara para evitar fotografías. A raíz de ello, se generalizó para todos los comparecientes la prohibición de tomar imágenes en la sala de reuniones.

El dictamen del 'caso Balenciaga'

Cantidades invertidas. Las instituciones han gastado ya 19.794.001 euros en el museo, inicialmente presupuestado en seis. De ellos, deben devolver al Ministerio de Cultura 750.000 euros desviados de su objeto. Éste invirtió 3,6 millones en la primera fase, la rehabilitación del palacio Aldamar. El resto lo han puesto en el edificio inacabado el Gobierno y la Diputación de Guipúzcoa.

Irregularidades arquitectónicas. Ausencia de proyecto museológico, museográfico y de interiorismo. Un informe del ministerio y otro del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro declararon inadecuado el edificio.

Ambito económico financiero. No existe plan financiero ni presupuesto global cerrado. Manipulación de facturas, demostrada con informes caligráficos y pago de trabajos no realizados, así como desvío de subvenciones para gastos corrientes.

La colección. No se hizo inventario al comprarla en 1988 y hasta 2003. Se le encargó al propio Camio. A día de hoy no coincide aún el inventario con las prendas existentes. No hay estimación de su valor y algunos trajes sufrieron daños en un viaje.

Las responsabilidades:

- Mariano Camio: ocultación de presupuesto real, ocultación de contratos, falsificación documental , sobrepagos, solapamiento de contratos y ocultación sistemática de información.

- Berroeta Aldamar: Dejación en la gestión de los recursos públicos, falta de celo en el control de los gestores y avalar a éstos con resultados contrarios al interés de la sociedad.

- Dirección de Patrimonio: insuficiente actuación en la supervisión e inventario de sus bienes.

- Patronato de la Fundación: Gestión nada profesional y dejación en el control, no adopción de medidas resolutivas, pese a las reiteradas quejas. Ministerio de Cultura: no trasladar a las instituciones vascas el informe sobre el edificio.

- Alcaldía de Getaria: falta de lealtad institucional por no trasladar al Gobierno y la Diputación las irregularidades que conocía por su presencia en la Fundación.

Recomendaciones: reflexión de los representantes institucionales en consejos de administración sobre su deber de vigilancia. Profesionalidad en la gestión y mecanismos adecuados de control y seguimiento económico. Distinguir entre el ámbito de gestión y el de control. Someter a este tipo de sociedades participadas de los mismos controles que hay sobre las sociedades públicas.

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