El plan de residuos se ha ejecutado al 50% desde 1997

La gestión de los residuos sólidos avanza lentamente en la Comunidad Valenciana. De hecho, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que se aprobó en diciembre de 1997 y que está actualmente en revisión, se ha ejecutado en un 50%, según estimó ayer en Alicante el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. El consejero también aseguró que todo el plan está en marcha. Alicante es, añadió, la provincia en la que el plan está "mejor desarrollado", mientras que en otras zonas su ejecución ha encontrado más escollos o por las condiciones del terreno o por la complejidad de ...

La gestión de los residuos sólidos avanza lentamente en la Comunidad Valenciana. De hecho, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que se aprobó en diciembre de 1997 y que está actualmente en revisión, se ha ejecutado en un 50%, según estimó ayer en Alicante el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. El consejero también aseguró que todo el plan está en marcha. Alicante es, añadió, la provincia en la que el plan está "mejor desarrollado", mientras que en otras zonas su ejecución ha encontrado más escollos o por las condiciones del terreno o por la complejidad de las autorizaciones.

García Antón, que inauguró ayer la nueva planta de residuos de la ciudad de Alicante, explicó que la revisión del plan integral de residuos pretende lograr el consenso de partidos políticos, empresarios y sindicatos. "La consigna es residuo cero", marcó García Antón como objetivo de la revisión.

La planta de Alicante ha supuesto una inversión de más de 17 millones de euros, financiados en buena parte por la Unión Europea, y tiene capacidad para tratar cerca de 180.000 toneladas de residuos al año. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, recordó durante la inauguración la importancia de la planta.

La oposición socialista, sin embargo, recordó que la planta debería haber estado terminada en diciembre de 2006. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Carmen Sánchez Brufal, lamentó también el sobrecoste de 2,4 millones de euros y que no se invitara al acto a ningún representante del Gobierno.