La 'comisión Balenciaga' hace responsables políticos del caso a Azkarate y Patrimonio

El PNV pidió ayer tiempo muerto en la comisión de investigación del caso Balenciaga y el resto de los grupos se lo concedieron, como último gesto para lograr un dictamen unánime. Sus representantes tendrán hasta el lunes para realizar consultas con el mando del grupo parlamentario, el partido y el Gobierno, y decidir finalmente si se suman al texto, que ayer quedó cerrado. La presidenta, Onintza Lasa (EA) habló de "acuerdo unánime en una gran parte del dictamen".

El veredicto supone otro duro varapalo al Departamento de Cultura, tras el del caso Guggenheim, y pone en cuest...

El PNV pidió ayer tiempo muerto en la comisión de investigación del caso Balenciaga y el resto de los grupos se lo concedieron, como último gesto para lograr un dictamen unánime. Sus representantes tendrán hasta el lunes para realizar consultas con el mando del grupo parlamentario, el partido y el Gobierno, y decidir finalmente si se suman al texto, que ayer quedó cerrado. La presidenta, Onintza Lasa (EA) habló de "acuerdo unánime en una gran parte del dictamen".

El veredicto supone otro duro varapalo al Departamento de Cultura, tras el del caso Guggenheim, y pone en cuestión la validez del sistema de sociedades instrumentales que con tanta profusión como protestas de la oposición y del Tribunal de Cuentas se ha venido utilizando. La cuestión para el PNV es si le compensa admitir ahora el contenido del dictamen Balenciaga, cuando ese cambio no le ahorra ya el trance de su soledad en el caso Guggenheim ni el cuestionamiento del sistema como tal.

Censura a la fundación por no denunciar las irregularidades

El texto redactado ayer no admite ya modificaciones y la reunión del lunes será únicamente para votarlo. Los dos casos se debatirán en un pleno monográfico, tal y como quería la oposición, el próximo día 22.

El dictamen acordado ayer, asigna responsabilidades en varios bloques. Al ex gerente de la sociedad Berroeta Aldamar, Mariano Camio, por su gestión personal; a los responsables del consejo de administración de la sociedad, presidido por la consejera de Cultura, Miren Azkarate, por su dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, tanto en el momento de subrogarse los contratos anteriores como en la actuación posterior, hasta que se destapó el escándalo. También por su falta de control del trabajo de los gestores designados por el consejo y por avalar actuaciones de éstos con resultados contrarios al interés de la sociedad. El dictamen recuerda que Azkarate asumió ante la comisión la responsabilidad política por todo lo ocurrido. Este reconocimiento abriría la puerta a una moción de censura o una petición de dimisión, aunque el fin de la legislatura impedirá que se puedan llevara a la Cámara.

También se atribuyen responsabilidades a la Dirección de Patrimonio del Gobierno, dependiente del Departamento de Hacienda, y, por tanto, de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, por una actuación negligente en la supervisión e inventario de los bienes patrimoniales.

El dictamen achaca falta de profesionalidad a los miembros de la Fundación Balenciaga, por no haber tomado decisiones resolutivas, pese a las reiteradas quejas de algunos de sus integrantes ante las irregularidades detectadas. En un anexo aparte se da cuenta de la composición de su patronato, pero no se les endosa ninguna responsabilidad. Al Ministerio de Cultura se le reprocha no haber comunicado a la sociedad Berroeta Aldamar el informe que envió a la Fundación y que declaraba inservible el proyecto básico del museo. Al ex alcalde de Getaria entre 1999 y 2007, Josu Ezenarro, el único cargo presente tanto en la Fundación como en Berroeta Aldamar, se le imputa no haber informado a ésta última de los hechos que conocía por su presencia en la primera.