Un empresario de Leioa, desahuciado tras 14 años de un pleito bancario

A Arturo Escartín ayer le dieron la penúltima estocada. Funcionarios judiciales le desalojaron de su comercio de Leioa por el impago de un crédito del Banco de Santander, entidad con la que mantiene pleitos desde hace más de 14 años. De nada le ha valido que dos jueces diferentes, la Audiencia de Bilbao y el Tribunal Supremo hayan considerado irregular el crédito, calificando la actuación de la entidad bancaria como "un auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia".

Sobre las 10.30 horas, tres funcionarios de un juzgado de Getxo se prese...

A Arturo Escartín ayer le dieron la penúltima estocada. Funcionarios judiciales le desalojaron de su comercio de Leioa por el impago de un crédito del Banco de Santander, entidad con la que mantiene pleitos desde hace más de 14 años. De nada le ha valido que dos jueces diferentes, la Audiencia de Bilbao y el Tribunal Supremo hayan considerado irregular el crédito, calificando la actuación de la entidad bancaria como "un auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia".

Sobre las 10.30 horas, tres funcionarios de un juzgado de Getxo se presentaron en la tienda -cerrada ya hace dos años- para proceder al desahucio, a lo que se negaba el afectado. Incluso acudió la Policía Municipal de Leioa, porque Escartín estaba dispuesto a que le detuvieran para impedir el embargo. Pero, tras hablar con su abogado, desistió de su propósito.

Escartín tuvo que cerrar la tienda hace dos años al no poder financiarse

"Nadie se está ensañando con nadie", replica el Santander

El cambio de la cerradura del local acaba, por el momento, con esta lucha de un hombre contra un gran banco. Y todo por sólo 78.000 euros, el préstamo que Escartín, junto con la que era entonces su esposa, pidió en 1990 al Santander. El problema empezó porque el comerciante no solicitó un préstamo al uso, sino una cuenta de crédito, que supone la disposición del dinero concedido en función de las necesidades del cliente. El conflicto empezó en 1993, cuando vio que las cuotas eran superiores a lo estipulado. Al pedir una copia de las escrituras de constitución, comprobó que en ellas se hablaba de manera indistinta de préstamo, cuenta de crédito o crédito.

Al principio, el Santander achacó las cuotas a un error informático, pero luego llevó el asunto a los tribunales, que han censurado la actuación del banco. Finalmente, la Audiencia de Bilbao, en un fallo firme confirmado más tarde por el Tribunal Supremo, zanjó el asunto con una sentencia que obligaba a Escartín a pagar al banco más de 15.000 euros (la cantidad que dispuso el comerciante fue de 78.000 euroso) y los intereses de un año.

El comerciante, tras abonar dicha cantidad, siguió con su cruzada con el banco y llevó el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, tras admitir inicialmente la demanda, la archivó. Mientras tanto, el Santander presentó el pasado año en un juzgado de Getxo una nueva demanda, en la que reclamaba el embargo del comercio para resarcirse del impago del crédito. Su propietario contestó a su vez con una denuncia penal por falsedad documental, en la que incluía una certificación de la Hacienda de Vizcaya que constata que Escartín nunca ha sido titular de dicha cuenta de crédito. Pero esta denuncia fue archivada, lo que ha motivado que el comerciante haya presentado un recurso de queja ante la Audiencia, pendiente de respuesta.

"No comprendo esta indefensión. En 14 años he denunciado lo que pasa en diez ocasiones y no se me ha hecho caso", dice Arturo Escartín, que cree, como sostenía hace siete años, que ha sufrido un caso de "ingeniería financiera" para un supuesto blanqueo de capitales. "El dinero que me prestaron no está contabilizado de manera legal por el Banco de Santander", alega.

Estos 14 años le han pasado factura: el pleito le supuso la separación de su mujer, tuvo que cerrar su comercio hace dos años por no poder realizar ninguna operación con entidades bancarias (figura en el registro de morosos, del que fue borrado e inscrito la pasada década hasta en cuatro veces según los vaivenes de la investigación judicial) y ahora está en bancarrota, con deudas avaladas por sus padres.

Ignacio Guerra, abogado del Santander -que en estos siete años siempre se había negado a comentar el pleito con este diario- , señaló ayer que en este caso "no hay nada extraordinario". "Es una ejecución más de los cientos que tiene el banco". Aseguró que la última demanda presentada busca "la liquidación de la deuda conforme a lo que dijo el Tribunal Supremo" y que "nadie se está ensañando con nadie. Podía haber pagado la deuda".

Arturo Escartín, que ahora vive en una pensión y carece de ingresos, asegura que, 14 años después, continuará su pelea contra el gran banco.