La fosa de Córdoba acaba en querella

Los descendientes del diputado socialista Luis Dorado Luque presentaron ayer una querella contra Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba, y parte de su equipo. Les acusan de "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio" por "obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. A este político malagueño lo asesinaron los nacionales en Córdoba en 1936. Y sus restos supuestamente están enterrados en una fosa común del Cementerio de la Salud de la ciudad califal. Su familia lleva luchando años por desenterrarlo y, según la demanda presentada ayer, el Ministerio de la Presidencia les...

Los descendientes del diputado socialista Luis Dorado Luque presentaron ayer una querella contra Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba, y parte de su equipo. Les acusan de "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio" por "obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. A este político malagueño lo asesinaron los nacionales en Córdoba en 1936. Y sus restos supuestamente están enterrados en una fosa común del Cementerio de la Salud de la ciudad califal. Su familia lleva luchando años por desenterrarlo y, según la demanda presentada ayer, el Ministerio de la Presidencia les concedió en 2007 una subvención de 20.000 euros para exhumar los restos. Los trabajos previos para localizar la fosa se llevaron a cabo el pasado 3 de octubre. Y, en teoría, "el siguiente paso" sería ya "el inicio de los trabajos de excavación". Pero los querellantes aseguran que el Ayuntamiento tiene paralizado el proceso. El Consistorio, gobernado por IU y PSOE, sostiene que la exhumación de Córdoba se ha visto frenada por la Audiencia Nacional, que paralizó los trabajos ordenados por el juez Baltasar Garzón de excavación de algunas fosas. Sin embargo, en la querella presentada por los descendientes de Dorado Luque se asegura que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa de la Salud, la cual aún sin la existencia del sumario cuenta con soporte legal para ser abierta". Según el razonamiento de los denunciantes, el caso del diputado malagueño "cuenta con financiación propia" y es "ajeno" a la paralización del proceso abierto por Baltasar Garzón.

Por su parte, Alfonso Igualada (IU), concejal responsable de los cementerios municipales, sostuvo ayer que "comprende la ansiedad" por la que está pasando esta familia, aunque se escudó en que se trata de un "problema administrativo". Igualada es otro de los denunciados por los descendientes.