Guipúzcoa reabre el debate sobre el desajuste fiscal
La Diputación de Guipúzcoa sigue decidida a mantener en vigor el Impuesto de Patrimonio en esta provincia y con ello vuelve a reavivar el debate sobre la desarmonización fiscal en el País vasco y a alimentar las discrepancias entre las tres haciendas forales. El pacto fiscal alcanzado entre el PNV y EA, socios de gobierno en Guipúzcoa, va contracorriente y descarta suprimir el tributo que grava a las grandes fortunas. En la última campaña impositiva, cerrada en junio pasado, se realizaron en este territorio 15.400 declaraciones de Patrimonio, que aportaron 53 millones de euros.
La Hacie...
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La Diputación de Guipúzcoa sigue decidida a mantener en vigor el Impuesto de Patrimonio en esta provincia y con ello vuelve a reavivar el debate sobre la desarmonización fiscal en el País vasco y a alimentar las discrepancias entre las tres haciendas forales. El pacto fiscal alcanzado entre el PNV y EA, socios de gobierno en Guipúzcoa, va contracorriente y descarta suprimir el tributo que grava a las grandes fortunas. En la última campaña impositiva, cerrada en junio pasado, se realizaron en este territorio 15.400 declaraciones de Patrimonio, que aportaron 53 millones de euros.
La Hacienda guipuzcoana, en manos de EA, fue la nota discordante en la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas, en el que las otras dos diputaciones y el Gobierno autónomo apostaron por eliminar este gravamen. Un portavoz del departamento foral de Finanzas explicó ayer que sólo tienen previsto realizar una "actualización" de la norma foral. En modo alguno apoyará su supresión a partir del 1 de enero de 2008, como ya decidió incluso el Consejo de Ministros. Lo más sorprendente es que Guipúzcoa no ha hecho una previsión de ingresos sobre este impuesto para 2009.
La normativa actual establece que están obligadas a presentar la declaración de Patrimonio las personas residentes en Guipúzcoa que tengan una base imponible superior a 199.175 euros anuales o cuando el valor de sus bienes y derechos sea superior a 690.600 euros. La Hacienda defiende el mantenimiento de este tributo en aras de "alcanzar una fiscalidad más progresiva", de tal modo que "se incrementen las obligaciones y la contribución de aquellos que cuentan con mayores ingresos".