La mitad de casos de violencia familiar se resuelve en seis meses
Un estudio constata que el 13% de los imputados son reincidentes
Los juzgados vascos tardan una media de ocho meses en resolver los casos de violencia dentro de la familia, que comprenden tanto las agresiones de hombres contra mujeres como aquellas que afectan a padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos entre sí. El 25% de los asuntos se zanja en menos de diez días y el 50%, en menos de seis meses, según precisa un estudio realizado por el Instituto Vasco de Criminología a petición del Departamento de Justicia.
Los autores del informe han analizado 24.157 medidas judiciales tomadas entre 2004 y 2007 e incluidas en sentencias por todo tipo de agresion...
Los juzgados vascos tardan una media de ocho meses en resolver los casos de violencia dentro de la familia, que comprenden tanto las agresiones de hombres contra mujeres como aquellas que afectan a padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos entre sí. El 25% de los asuntos se zanja en menos de diez días y el 50%, en menos de seis meses, según precisa un estudio realizado por el Instituto Vasco de Criminología a petición del Departamento de Justicia.
En el 80% de los casos que se han analizado la víctima es una mujer
Los autores del informe han analizado 24.157 medidas judiciales tomadas entre 2004 y 2007 e incluidas en sentencias por todo tipo de agresiones en el ámbito familiar. Ahora bien, en el 80% de los casos las víctimas son mujeres, según resaltó el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, durante la presentación del estudio, en el marco del II Congreso sobre Violencia de Género e Intrafamiliar celebrado en San Sebastián.
De los 4.948 infractores escrutados, el 13% es reincidente. Ha cometido dos o más delitos. "Los datos reflejan que, pese a la gravedad de las penas previstas para los delitos de malos tratos, la tasa de reincidencia es notablemente alta", subrayó Azkarraga.
En una escala de cinco niveles, los delitos leves suponen el 18% del total; los de gravedad moderada, el 61%; los graves, el 20%; los muy graves, el 0,75%, y los de gravedad extrema, con resultado de muerte, el 0,3%. Las medidas penales más adoptadas son el alejamiento del agresor respecto a la víctima (36,5%) y la prohibición de que se comunique con ella (28,7%). Les siguen, de lejos, la prohibición de volver al domicilio (3,3%), la prohibición de residir en un lugar determinado (2,3%), la suspensión de tenencia y uso de armas (2%) y el encarcelamiento (1%).
En casi el 58% de las causas judiciales estudiadas no existe convivencia entre la persona denunciante y el agresor. Y en el 10% de los casos, el denunciado es el ex novio.
Isabel Llinás, diputada del PP en el Parlamento Balear y ex directora del Instituto Balear de la Mujer, puede perfectamente poner cara y sentimientos a muchos de estos datos. Apenas llevaba dos meses separada cuando su ex pareja apareció un día en casa y la agredió de tal manera que la dejó en coma. Su atacante terminó en la cárcel, donde se quitó la vida, por lo que el proceso judicial no pudo llegar a su fin. "Sé que está muerto y que no volverá a hacerme daño. Aún así, cuando oigo un portazo todavía sigo sobresaltándome. Y todavía sigo mirando por el retrovisor del coche. Son gestos que tienes interiorizados, pero aprendes a vivir con ello. Es duro, pero se sale", relató ayer en un receso del congreso.
Llinás, que entró en política cuando ya estaba libre de la pesadilla física del maltrato, comentó que el haber sido víctima le hace tener "una visión más cercana" de las necesidades que tienen las mujeres maltratadas.
Desde esa visión, considera que es importante que las mujeres interpongan denuncias y cuenten durante todo el proceso con la cobertura y el apoyo público suficiente. Pero, dicho eso, sostuvo que la mujer debe presentar la denuncia "cuando esté con fuerzas", porque es "duro". En este sentido, subrayó la importancia de facilitarl a las maltratadas asistencia psicológica para que recuperen su autoestima.
La parlamentaria cree que para prevenir nuevos casos de maltrato es importante la reeducación de los agresores, un servicio que no existe en todas las comunidades autónomas.