Guipúzcoa renuncia a 45 millones que le debían las otras dos diputaciones

La Hacienda guipuzcoana ha dado por definitivamente canceladas las deudas tributarias multimillonarias que venía reclamando desde 1999 a las diputaciones de Álava y Vizcaya por ingresos indebidos de empresas en estas administraciones. El importe de las reclamaciones ascendía a unos 45 millones de euros entre ambas instituciones forales, correspondientes a los impuestos de Sociedades e IVA que empresas radicadas en Guipúzcoa pagaron erróneamente a aquellas haciendas entre 1992 y 1998. Guipúzcoa mantiene viva, eso sí, la reclamación al Ministerio de Hacienda de más de 70 millones pagados por el ...

La Hacienda guipuzcoana ha dado por definitivamente canceladas las deudas tributarias multimillonarias que venía reclamando desde 1999 a las diputaciones de Álava y Vizcaya por ingresos indebidos de empresas en estas administraciones. El importe de las reclamaciones ascendía a unos 45 millones de euros entre ambas instituciones forales, correspondientes a los impuestos de Sociedades e IVA que empresas radicadas en Guipúzcoa pagaron erróneamente a aquellas haciendas entre 1992 y 1998. Guipúzcoa mantiene viva, eso sí, la reclamación al Ministerio de Hacienda de más de 70 millones pagados por el mismo motivo a la Agencia Tributaria estatal.

Las cantidades correspondían a impuestos empresariales

Guipúzcoa decidió a finales de los años noventa plantar batalla al resto de las administraciones al comprobar que las deudas tributarias empresariales iban en aumento. El entonces diputado de Hacienda, el peneuvista Antton Marquet, llegó a acusar a sus homólogos de las otras dos provincias de practicar una "insumisión fiscal en toda regla" y de "bloquear" la recuperación de las cantidades demandadas. La deuda reclamada en conjunto a Álava, Vizcaya y al Estado ascendía a 121,5 millones de euros, según precisa el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas.

Nueve años después de abrirse el litigio, el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), donde se sientan el Gobierno vasco y las tres diputaciones, acordó en su reunión del pasado 13 de febrero declarar "liquidadas y canceladas la totalidad de las reclamaciones entre administraciones tributarias forales" pendientes entre ellas por "ingresos indebidos". Ese acuerdo no se comentó entonces. Un día después, el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, no hacía ninguna mención a esta trascendental decisión en su comparecencia en las Juntas Generales para informar de los acuerdos tomados en el Consejo, según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara provincial. Fuentes de otra de las diputaciones han confirmado a EL PAÍS el contenido del acuerdo.

De los 121,4 millones de euros que Guipúzcoa venía exigiendo al resto de erarios, 72,4 millones correspondían a la empresa Altadis -propietaria de la Tabacalera, uno de cuyas sedes sociales se hallaba en San Sebastián- por declaraciones de IVA que pagó entre 1992 y 1998 a otras haciendas. En relación con esta reclamación, la Diputación guipuzcoana retuvo a la compañía tabaquera devoluciones de liquidaciones del IVA y el Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 1999 a 2002 por un total de 6,98 millones. El Tribunal Superior vasco condenó finalmente a la institución foral a devolver dichas cantidades y a pagar los intereses y las costas judiciales (1,2 millones).

En la larga "comunicación epistolar", como dijo en su momento Marquet, abierta por este contencioso entre las haciendas ninguna de las instituciones deudoras llegó a comprometerse por escrito a pagar las cantidades pendientes, recuerda el Tribunal de Cuentas. La Agencia Tributaria, en un informe fechado en febrero de 2000, reconoció que las cifras ingresadas a su favor y reclamadas por Guipúzcoa eran correctas y no habían prescrito. El servicio de Inspección de Vizcaya, por su parte, mostró en julio de 2002 sus "discrepancias" con las cifras que pedía Guipúzcoa.

En mayo de 2005, todas las partes involucradas acordaron formar un grupo de trabajo integrado por representantes del Estado y de las tres haciendas vascas para analizar la situación de las deudas pendientes entre las administraciones.

Ante las dificultades para cobrar los 121,5 millones, Guipúzcoa llegó a exigir que una junta arbitral dirimiese el conflicto, aunque este órgano no pudo constituirse hasta septiembre del año pasado, tras el acuerdo con el Gobierno central para renovar el Concierto. Sin embargo, la falta de regulación sobre el órgano competente para resolver los conflictos de deudas tributarias entre las administraciones vascas impide agotar la vía administrativa para resolver las diferencias, requisito necesario para ir a la vía judicial.

No ha sido necesario dar estos últimos pasos, ya que el Consejo Vasco de Finanzas zanjó las discrepancias dando por extinguida esta deuda histórica.