Pedraz deja libre bajo fianza de 30.000 euros a la alcaldesa de Mondragón
La fiscalía pide hoy la apertura de juicio oral para el 'caso Batasuna'
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ayer la libertad bajo fianza de 30.000 euros de la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, perteneciente a Acción Nacionalista Vasca (ANV). Este partido tiene suspendidas sus actividades por decisión del juez Baltasar Garzón, que considera que forma parte de las estructuras de ETA. El abogado de Galparsoro, Iñigo Iruin, confirmó que ya se había constituido la fianza y que la alcaldesa había sido puesta en libertad.
Galparsoro se encontraba en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de abril, debido...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ayer la libertad bajo fianza de 30.000 euros de la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, perteneciente a Acción Nacionalista Vasca (ANV). Este partido tiene suspendidas sus actividades por decisión del juez Baltasar Garzón, que considera que forma parte de las estructuras de ETA. El abogado de Galparsoro, Iñigo Iruin, confirmó que ya se había constituido la fianza y que la alcaldesa había sido puesta en libertad.
Galparsoro se encontraba en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de abril, debido a que Garzón estimó que existían importantes indicios para imputar a la alcaldesa delitos de colaboración o integración en banda terrorista y quebrantamiento de medidas cautelares. El juez consideraba que tras la suspensión de actividades de ANV, decretada en febrero de este año, la alcaldesa había seguido actuando en nombre de ese partido cumpliendo las directrices de ETA, es decir, que había tenido "una actuación reiterada en la acción delictiva".
Pero, sobre todo, el juez había decretado la prisión para evitar la ocultación de pruebas por parte de la alcaldesa y garantizar la práctica de una serie de diligencias de investigación urgentes. Así, entre otras medidas, ordenó el registro del Ayuntamiento de Mondragón para recabar pruebas contra ANV.
Iñigo Iruin reclamó la libertad de Galparsoro, petición que fue apoyada por la fiscalía de la Audiencia Nacional. La fiscal Dolores Delgado destacó que ya se habían practicado las investigaciones por las que se acordó la prisión, por lo que ya no existe riesgo de que Galparsoro pueda destruir pruebas y obstruir la investigación.
Dignidad y Justicia se opuso a la libertad de la alcaldesa, pero el juez Santiago Pedraz, sustituto de Garzón durante esta semana, optó por seguir el criterio de la fiscalía y señaló una fianza de 30.000 euros para garantizar la libertad de Galparsoro, así como prohibirle salir de España y que tenga que comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
43 imputados
Por otro lado, la fiscalía de la Audiencia Nacional tiene intención de solicitar hoy la apertura de juicio oral en el denominado caso Batasuna, sobre la subordinación de esta formación política abertzale a la banda terrorista ETA y sobre su financiación a través de las herriko tabernas.
No obstante, muy probablemente, según fuentes de la Audiencia Nacional, las sesiones del juicio no comenzarán antes de un año.
En este proceso se encuentran imputados 43 dirigentes de la izquierda abertzale, entre los que figuran Arnaldo Otegi, Joseba Permach y gran parte de la cúpula dirigente de Batasuna. También figuran procesados los que fueran jefes de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que se encuentra en paradero desconocido, y Jon Salaberria, detenido en la operación de Burdeos en la que también fue arrestado el teórico máximo responsable de la organización, Francisco Javier López Peña, Thierry.
Garzón concluyó en abril la investigación de este proceso, que consta de 291 tomos de la pieza principal y numerosas piezas separadas.
Seis de los acusados se encuentran actualmente en prisión: Arnaldo Otegi, que quedará en libertad el próximo 30 de agosto, Joseba Permach, Rufino Etxeberria, Joseba Álvarez Forcada, Juan Cruz Aldasoro y Karmelo Landa.
Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional deberá decretar la apertura de juicio oral antes de que fiscalía y acusaciones formulen sus respectivos escritos de conclusiones provisionales.