Las reunificadoras de préstamos tendrán que ser más transparentes

Las empresas que no son entidades financieras pero conceden créditos o los reunifican tendrán que ser más transparentes si quieren seguir operando. El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley, pendiente desde el verano pasado, por el que quiere dotar a estas empresas de la primera normativa obligatoria, con el fin, según el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, de proteger "los derechos del consumidor en una actividad creciente en nuestro país".

Tienen oficinas por todas partes. Bombardean con anuncios en la televisión. 8.000 empresas (según datos de 2007) que ofrecen ...

Las empresas que no son entidades financieras pero conceden créditos o los reunifican tendrán que ser más transparentes si quieren seguir operando. El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley, pendiente desde el verano pasado, por el que quiere dotar a estas empresas de la primera normativa obligatoria, con el fin, según el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, de proteger "los derechos del consumidor en una actividad creciente en nuestro país".

Tienen oficinas por todas partes. Bombardean con anuncios en la televisión. 8.000 empresas (según datos de 2007) que ofrecen dinero rápido, fácil y a veces sin demasiadas preguntas con una sola llamada. Las empresas de créditos rápidos o las que unifican varios préstamos sin un banco detrás son cada vez más habituales y una solución para clientes con prisa o vetados por las grandes entidades. A cambio, suelen exigir grandes comisiones e intereses que rozan la usura.

Con la nueva normativa que será remitida a las Cortes, el Gobierno quiere que estas firmas cumplan requisitos mínimos de transparencia y garantía. Les obligarán a que den a los clientes más información sobre los pormenores del contrato; a especificar por separado todos los gastos y tasas; a disponer de folletos donde expliquen los productos y sus requisitos. Además, en el caso de que realicen actividades como tasaciones, tendrán que indicar los profesionales que las efectuarán y sus honorarios.

En cuanto a las garantías, deberán inscribirse en un registro estatal (o en el de su comunidad autónoma) y suscribir un seguro de responsabilidad civil, y los clientes tendrán derecho a echarse atrás en un plazo de 14 días. En caso de conflicto, se establecerán sistemas de arbitraje y un régimen de sanciones.