El constructor Ávila Rojas se enfrenta a ocho años de prisión
El juicio contra el constructor granadino José Ávila Rojas, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por dos delitos continuados contra la Hacienda Pública, se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de julio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, según fuentes judiciales.
Aunque la vista oral tenía previsto comenzar el pasado 4 de febrero, finalmente tuvo que ser suspendida por enfermedad de un inspector de Hacienda responsable de unos de los informes principales del caso. Ávila Rojas se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión, multa de 20 m...
El juicio contra el constructor granadino José Ávila Rojas, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por dos delitos continuados contra la Hacienda Pública, se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de julio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, según fuentes judiciales.
Aunque la vista oral tenía previsto comenzar el pasado 4 de febrero, finalmente tuvo que ser suspendida por enfermedad de un inspector de Hacienda responsable de unos de los informes principales del caso. Ávila Rojas se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión, multa de 20 millones y una indemnización total de otros 5,5 millones de euros.
El empresario, que también está imputado en el caso Malaya contra la corrupción inmobiliaria en Marbella, será finalmente juzgado en la Audiencia después de que el Juzgado de lo Penal 2 de Granada se inhibiera de la causa, al superar uno de los delitos de los que les acusa una de las partes la pena de cinco años de cárcel.
El argumento esgrimido por la defensa para solicitar el traslado de las diligencias a la Audiencia fue que un Penal no era el órgano competente para enjuiciar los hechos, después de que la acusación particular, ejercida por la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias SL, solicitara una calificación alternativa al fraude por apropiación indebida, que conlleva una pena de seis años.
El escrito de acusación fiscal describe dos operaciones de compraventa de fincas en las que el empresario no declaró el IVA ni el IRPF por valor de más de 5,6 millones de euros.