Vertidos sin control al Guadalquivir
El 68% de los municipios de la cuenca carece de sistemas de depuración
La falta de depuración de las aguas residuales sigue siendo un grave problema medioambiental. En toda la comunidad, se estima que el 25% de la población sigue sin depurar sus aguas, y más bajo aún es el porcentaje de reutilización de esas aguas: el 6%. Pero la situación es especialmente llamativa en la cuenca del Guadalquivir, la más grande de todas las andaluzas con 648.000 hectáreas y 403 municipios de cuatro provincias, donde el 68% de los municipios menores de 100.000 habitantes carece de sistemas de tratamiento.
El alto coste de mantenimiento de las estaciones depuradoras ha sido e...
La falta de depuración de las aguas residuales sigue siendo un grave problema medioambiental. En toda la comunidad, se estima que el 25% de la población sigue sin depurar sus aguas, y más bajo aún es el porcentaje de reutilización de esas aguas: el 6%. Pero la situación es especialmente llamativa en la cuenca del Guadalquivir, la más grande de todas las andaluzas con 648.000 hectáreas y 403 municipios de cuatro provincias, donde el 68% de los municipios menores de 100.000 habitantes carece de sistemas de tratamiento.
Los ayuntamientos prefieren pagar las multas que invertir en depuradoras
El alto coste de mantenimiento de las estaciones depuradoras ha sido el motivo esgrimido por las corporaciones locales para rehuir las inversiones o, simplemente, abandonar las depuradoras ya construidas. "Sigue habiendo un déficit muy importante de infraestructuras de depuración, sobre todo en los pequeños municipios, pero es que los ayuntamientos no han dado prioridad nunca a esas inversiones", explica Javier Serrano, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Paradójicamente, los ayuntamientos recelan de invertir en depuradoras pero se exponen, año tras año, a las multas por vertidos urbanos a cauces públicos. En lo que va de año se han abierto 342 expedientes sancionadores. Las provincias de Sevilla, con 136, y Jaén, con 108, son las que registran más sanciones, seguidas de Córdoba (80) y Granada (18). Del número total de expedientes, 249 ya se han resuelto con sanciones, que oscilan entre 600 y 30.000 euros, aunque en la mayoría de los casos se han fijado en 6.000 euros más otra cantidad similar para restablecer los daños en el dominio público hidráulico.
Durante el pasado año, la CHG tramitó 669 expedientes sancionadores. A esos expedientes hay que unir otros 561 abiertos por ocupación ilegal de las franjas de servidumbre. Por su parte, la Agencia del Agua abrió en 2007 un total de 1.416 expedientes en las cuencas Mediterránea y Atlántica por vertidos y daños al dominio público hidráulico. Málaga, con 574 expedientes está a la cabeza, seguida por Almería (365).
La Confederación del Guadalquivir presupuestó el año pasado 11 millones para limpieza y pequeños acondicionamientos de cauces. Para el comisario de Aguas, la solución pasa por la gestión mancomunada de las depuradoras, una fórmula que abarata costes para los pequeños municipios. La ley andaluza del Agua que prepara la Consejería de Medio Ambiente, y que vendrá a unificar los criterios de actuación entre las distintas cuencas, incidirá en esa dirección.
Por si fuera poco, la nueva directiva marco de Aguas de la Unión Europea apremia a los ayuntamientos a depurar sus aguas residuales. En este sentido, la Planta Experimental de Tratamiento de Aguas Residuales de Carrión de los Céspedes (Sevilla) se ha convertido en un referente nacional en la investigación de sistemas de depuración. La experiencia de esta planta, gestionada por el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, ha dado como resultado que más del 50% de las estaciones depuradoras implantadas en los últimos años en Andalucía la comunidad andaluza estén basadas en las nuevas tecnologías no convencionales.
En el Acuerdo por el Agua en la cuenca del Guadalquivir, suscrito en 2006, se hablaba de que era necesario una inversión en estaciones depuradoras de 559 millones de euros hasta el horizonte del año 2012, pero se admitía que sólo el 70% de esas cifras podrían cumplirse para entonces, dejando el 30% para el trienio 2012-2015.