El defensor apoya las exhumaciones paradas en Sevilla

"Estamos hartos". "Queremos justicia de una vez". Los familiares de las víctimas arrojadas en la fosa común de La Puebla de Cazalla (Sevilla) durante la Guerra Civil transmitieron ayer su "queja formal" al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo. Denuncian que los 17 cadáveres desenterrados el pasado marzo, volvieran a enterrarse un mes después por "falta de fondos". Se calcula que en la zanja pudiera haber hasta 200 víctimas.

El Gobierno central entregó 40.000 euros para el proyecto en enero. Resultó insuficiente. Fernando Soto, comisario de la memoria histórica en Andalucía, se com...

"Estamos hartos". "Queremos justicia de una vez". Los familiares de las víctimas arrojadas en la fosa común de La Puebla de Cazalla (Sevilla) durante la Guerra Civil transmitieron ayer su "queja formal" al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo. Denuncian que los 17 cadáveres desenterrados el pasado marzo, volvieran a enterrarse un mes después por "falta de fondos". Se calcula que en la zanja pudiera haber hasta 200 víctimas.

El Gobierno central entregó 40.000 euros para el proyecto en enero. Resultó insuficiente. Fernando Soto, comisario de la memoria histórica en Andalucía, se comprometió entonces a una subvención de otros 40.000. "Y todavía estamos esperando", protestaba Mari Carmen España, nieta de uno de los ajusticiados en 1937. "Estamos hartos de ir mendigando de sitio en sitio", continuó la nieta de Manuel España, que tenía 28 años cuando le dieron un tiro por la espalda.

José Chamizo entendió que "la responsabilidad sobre las exhumaciones no debería recaer en las familias". Y añadió que "éste es un caso especial, que merece una medida urgente".

Ana Ávila, representante de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía, insistió en que "la Junta tiene que elaborar un plan de actuación, que evite a las familias el desgaste afectivo al que se ven sometidas".

En Andalucía hay 610 fosas comunes. La Junta alerta de la complejidad, del coste de las exhumaciones y pide tiempo. "Para mi madre, de 82 años, cada día cuenta", dijo Miguel Guardado, nieto de una de las víctimas.