Leyes de calidad
El argumento sobre el supuesto exceso de norma en nuestras sociedades es un debate recurrente en ámbitos socioeconómicos. Es cierto que la simplificación administrativa es un compromiso al que los poderes públicos se han referido como una nueva prioridad y que puede ayudar -si se hace bien- al desarrollo de la cultura emprendedora y a una mejor adecuación de nuestras empresas a la importante normativa internacional, en el marco de una economía global y abierta.
Pero lo que resulta sorprendente es que, en algunos foros muy respetables que se proclaman responsables, todavía se mantenga un...
El argumento sobre el supuesto exceso de norma en nuestras sociedades es un debate recurrente en ámbitos socioeconómicos. Es cierto que la simplificación administrativa es un compromiso al que los poderes públicos se han referido como una nueva prioridad y que puede ayudar -si se hace bien- al desarrollo de la cultura emprendedora y a una mejor adecuación de nuestras empresas a la importante normativa internacional, en el marco de una economía global y abierta.
Pero lo que resulta sorprendente es que, en algunos foros muy respetables que se proclaman responsables, todavía se mantenga un fondo argumental que, como nuevo e interesado mantra económico y empresarial, se repite constantemente como una letanía: la mejor ley es la inexistente o la mínima. Bajo esta idea subyace la voluntad de identificar norma con carga.
Sólo con mejores leyes se puede exigir su cumplimiento y favorecer la creatividad de nuestra sociedad
No hay que olvidar que las normas son instrumentos para conseguir la realización de objetivos o valores que expresan y garantizan el interés general, la defensa de los sectores vulnerables y que pretenden el progreso social y económico. Por ello, la mejor ley no puede ser la inexistente. Eso sí, resulta esencial considerar los costes como un elemento importante ante la decisión de elaborar una norma, y de hacerlo con un contenido u otro. La mejor ley debe ser la que consigue realizar sus objetivos con los mínimos costes. Para el Gobierno de Cataluña el debate sobre la cantidad de normas debe dar paso a otro más importante: el de su calidad. Este concepto incorpora, en su propia naturaleza, más rigor y eficacia en la regulación.
El denso sistema institucional de nuestra democracia y las dinámicas descentralizadoras han generado una abundante iniciativa normativa. La burocracia es un grave problema de nuestras administraciones, cierto. Pero el atajo no es la desregulación, la eliminación o la disminución aleatoria de las normas. La solución es la calidad normativa, su relación con los objetivos de eficacia administrativa y su contribución real a las dinámicas emprendedoras.
Llevamos tiempo trabajando en esta dirección. En 2005 el Gobierno catalán adoptó el Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana. En este marco, se aprobó un plan de 48 medidas con el objetivo de simplificar los trámites administrativos que afectan a las empresas en Cataluña. Con ello se pretende una Administración on line-on time, a través de las nuevas tecnologías y los progresos que en materia de e-governement impulsa la Generalitat de Cataluña para ser la Administración moderna y tecnológica que el país necesita.
Ahora damos un nuevo paso. Simplificación, sí; pero, sobre todo, calidad normativa, para hacer sólo las leyes necesarias y siempre las mejores leyes posibles. El Gobierno de Cataluña ha creado recientemente la Dirección General de Calidad Normativa para reforzar y dotar de mayor eficacia la coordinación y el impulso de la acción del Ejecutivo. La calidad normativa es una prioridad señalada ya por el presidente Montilla en el debate de política general del pasado septiembre, cuando afirmaba: "El derecho a una buena administración reclama una Administración más orientada a los resultados, que analiza y evalúa tanto antes como después de su desarrollo, los servicios, los programas y las políticas públicas".
El progreso económico y social es inseparable de su dimensión pública y política, expresada en la reglamentación jurídica que protege derechos individuales y colectivos. Por ello, el único espacio en el que la "política democrática" es determinante por encima de otros intereses es el espacio jurídico. Sin un renovado compromiso por la legalidad, la política no puede aspirar a gobernar el mundo ni a servir a las sociedades a las que quiere representar desde la legitimidad democrática. Sin leyes, nunca podremos conseguir -al mismo tiempo y sin renuncias- la justicia social y el desarrollo económico equilibrado y sostenible.
Hagamos pues las mejores leyes, leyes de calidad. Sólo así podremos exigir con mayor autoridad su cumplimiento, y su respeto favorecerá la vitalidad y la creatividad de nuestra sociedad en lugar de limitarla o condicionarla.
Laia Bonet es secretaria del Gobierno de la Generalitat.