Ankara busca un acuerdo estratégico
Turquía y la Unión Europea parecen haberse atascado en un callejón sin salida en el proceso de negociación para la construcción del gasoducto Nabucco, concebido como la principal alternativa a Rusia para garantizar el suministro de energía a Europa.
Ankara busca cerrar un acuerdo estratégico con la UE que le adjudique una cuota -variable en función de sus necesidades- del gas natural que circule por su territorio desde la cuenca del mar Caspio. También pretende que Azerbaiyán, el principal suministrador de gas para la red Nabucco, le ofrezca un precio por debajo de la media internaciona...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Turquía y la Unión Europea parecen haberse atascado en un callejón sin salida en el proceso de negociación para la construcción del gasoducto Nabucco, concebido como la principal alternativa a Rusia para garantizar el suministro de energía a Europa.
Ankara busca cerrar un acuerdo estratégico con la UE que le adjudique una cuota -variable en función de sus necesidades- del gas natural que circule por su territorio desde la cuenca del mar Caspio. También pretende que Azerbaiyán, el principal suministrador de gas para la red Nabucco, le ofrezca un precio por debajo de la media internacional para su consumo doméstico.
Turquía parece querer sacar partido de su estratégica posición más allá de sus posibilidades. Pero las directivas sobre defensa de la competencia de la UE precisan que todos los operadores del sistema Nabucco deben tener igualdad de acceso al gasoducto en un marco de precios regulados. Para los socios húngaros, búlgaros, rumanos, alemanes y austriacos de Turquía los privilegios que persigue resultan inaceptables.
Fuentes europeas precisan que Turquía debe aceptar una posición de equilibrio. Otro de los posibles socios de Ankara, Gas de Francia, se ha visto excluido del proyecto por un veto político.
Las votaciones del Parlamento francés para reconocer la existencia del genocidio armenio -cifrado según distintos historiadores entre 650.000 y 1,5 millones de civiles muertos bajo el Imperio Otomano en la I Guerra Mundial- han desatado las protestas del Gobierno de Turquía, que se empeña en no calificarlo como genocidio y que sólo reconoce la muerte de miles de armenios en hechos de guerra o durante el éxodo forzoso de 1915.