Todas las comunidades apoyan el trasvase urgente del Ebro a Barcelona
Castilla-La Mancha y Aragón temen que se autoricen así otros envíos de agua
La guerra del agua libra en los detalles. Una irónica lluvia recibió ayer en Madrid a los consejeros de 15 comunidades autónomas que se reunieron con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para que les explicara su decisión de trasvasar agua del Ebro de urgencia a Barcelona.
Todos, populares, socialistas y nacionalistas, apoyaron la medida. Pero con distintas razones. Los populares aplaudieron que el Gobierno haya "rectificado su política del agua en contra de los trasvases" y los socialistas dijeron que esto soluciona la sequía en Cataluña sin recurrir a un trasvase desde el Eb...
La guerra del agua libra en los detalles. Una irónica lluvia recibió ayer en Madrid a los consejeros de 15 comunidades autónomas que se reunieron con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para que les explicara su decisión de trasvasar agua del Ebro de urgencia a Barcelona.
Todos, populares, socialistas y nacionalistas, apoyaron la medida. Pero con distintas razones. Los populares aplaudieron que el Gobierno haya "rectificado su política del agua en contra de los trasvases" y los socialistas dijeron que esto soluciona la sequía en Cataluña sin recurrir a un trasvase desde el Ebro.
Espinosa revisará al alza las necesidades hídricas de las regiones más secas
El día anterior a la cita, el Gobierno había aprobado por decreto-ley el trasvase de urgencia agua del Ebro a Barcelona y quedaba poco que discutir. Espinosa abrió la reunión detallando que la prolongación del minitrasvase de Tarragona a Barcelona costará 180 millones, se hará en seis meses y evitará que cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona sufran cortes de agua a partir de octubre.
El Gobierno comprará agua a regantes del Ebro para que no planten y así, en teoría, el caudal en el Ebro será el mismo que hasta el momento. El clima de la reunión fue cordial -hasta Murcia reconoce buena sintonía con Espinosa y su equipo, lo que no ocurría con Narbona- y se centró en buena parte en la semántica (si es o no un trasvase).
Ante la prensa, Espinosa insistió en que lo aprobado "no es un trasvase", y se basó en un informe de la abogacía del Estado. Según éste, la tubería "jurídicamente no autoriza ni comporta un trasvase o transferencia de agua mediante captaciones adicionales a las ya existentes". El informe no dice que no sea de un trasvase de captaciones ya existentes.
El Gobierno considera que con ese informe ha evitado el charco de aprobar un trasvase desde el Ebro. Espinosa sentenció: "Lo digo alto y claro, y que no quede absolutamente ninguna duda de que el trasvase del Ebro sigue derogado".
El informe jurídico evita un charco, pero puede acabar en un lago. El Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, que apoya el envío de agua a Barcelona, ha encargado un informe a sus servicios jurídicos sobre si realmente es o no un trasvase.
Castilla-La Mancha es origen del mayor trasvase en España, el Tajo-Segura, que parte de la cabecera del río y no de la desembocadura, y no se opone a envíos para abastecimiento. Desde el año 2005, además de los trasvases ordinarios, Murcia y Alicante compran agua a regantes del Tajo. Y ahí sí se considera un trasvase.
Si el Gobierno consolida esta fórmula -que la compra de derechos de agua no sea considerada un trasvase-, Castilla-La Mancha teme ver cómo parte del Tajo acabará en el Segura por la fuerza del mercado. En el mismo sentido se mostró el consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, del Partido Aragonés y socio de los socialistas: "Esta decisión abre una serie de ventanas" en alusión eventuales trasvases.
El Gobierno considera que las cláusulas en el decreto-ley blindan la nueva tubería para que no se use en el futuro salvo en emergencia ni siente un precedente. El texto establece que sólo podrá funcionar hasta que en junio de 2009 funcione la desaladora de Barcelona y para abastecimiento. Medio Ambiente se reúne la semana que viene con los regantes del Ebro para que cedan el agua a cambio de inversiones.
Aunque el PP no pidió directamente recuperar el trasvase del Ebro, sino "redistribuir el agua de donde sobra a donde falta", las comunidades de Valencia y Murcia insistieron en que su déficit no es coyuntural, sino estructural. El consejero de Murcia, Antonio Cerdá, explicó: "Nosotros llevamos tres años al límite y nuestro déficit no es de agua de boca para beber, sino para comer", en referencia a la importancia de la agricultura en Murcia.
Espinosa dijo que no cambiará la política hídrica del Gobierno, pero contentó a las comunidades al pedirles que le envíen sus demandas de agua por si el plan que sustituyó al trasvase en 2004 se quedó corto en algunas zonas y hay que invertir más.
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