Castells exige una reunión "urgente" para la nueva financiación

La primera gran batalla política de la legislatura será la financiación autonómica. El Gobierno catalán quiere sacar partido de la correlación de fuerzas salida de las últimas elecciones generales para abrir de nuevo -y de inmediato- el melón de la financiación. El Ejecutivo catalán esperará tan sólo a la formación de Gobierno para exigir una reunión "de urgencia" con el objetivo de reformar el actual sistema -que fue pactado por el PP y CiU en 2001-, según explicó a este diario el consejero catalán de Economía, Antoni Castells.

El nuevo Estatuto catalán concreta que el próximo día 9 de...

La primera gran batalla política de la legislatura será la financiación autonómica. El Gobierno catalán quiere sacar partido de la correlación de fuerzas salida de las últimas elecciones generales para abrir de nuevo -y de inmediato- el melón de la financiación. El Ejecutivo catalán esperará tan sólo a la formación de Gobierno para exigir una reunión "de urgencia" con el objetivo de reformar el actual sistema -que fue pactado por el PP y CiU en 2001-, según explicó a este diario el consejero catalán de Economía, Antoni Castells.

El Estatuto obliga a pactar la solidaridad antes del 9 de agosto

El nuevo Estatuto catalán concreta que el próximo día 9 de agosto deben estar listos tanto el consorcio entre Cataluña y la Agencia Tributaria estatal como el nuevo mecanismo de solidaridad del sistema.

A juicio de Castells, "en el plazo de unas semanas" debe convocarse la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales. Eso supone una negociación bilateral Cataluña-Estado "con el único requisito de que se cumpla escrupulosamente con el Estatuto", según el consejero catalán.

La Generalitat no se opone a que el acuerdo se amplíe después a las comunidades autónomas de régimen común -todas menos el País Vasco y Navarra- con la generalización de ese modelo.

Castells tiene muy marcadas las líneas rojas de la nueva financiación desde el lado catalán: "Cataluña no va a aceptar ningún acuerdo que incumpla el Estatuto". "No debería haber distancias insalvables siempre que haya voluntad política, como ocurrió con la inversión en infraestructuras o la financiación adicional de la sanidad", apuntó.

En la recta final de la pasada legislatura, el Ministerio de Economía esbozó la hoja de ruta de lo que debe ser el nuevo sistema: más capacidad normativa para las comunidades autónomas y una mayor participación en los impuestos cedidos (IRPF, IVA y los impuestos especiales). Es decir, obtener mayor corresponsabilidad fiscal.

Pero la piedra de toque de la nueva financiación debe ser la aportación de las comunidades ricas a la solidaridad. "El Gobierno es consciente de la urgencia de poner en marcha cambios en el mecanismo de nivelación del sistema", explicó Castells.

Esa urgencia procede tanto de los cambios en la población -con la llegada masiva de inmigrantes a algunas comunidades, que han alterado los equilibrios en los principales capítulos de gasto- como de la desaceleración de la economía y el pinchazo inmobiliario, que se ha cebado en algunos de los impuestos que controlan las comunidades.

El equipo del ministro de Economía en funciones, Pedro Solbes, tan sólo ha dejado entrever que dotará de más transparencia el mecanismo de solidaridad, dará más peso a la población y otorgará un papel más relevante al fondo de compensación interterritorial.

Castells avanza que Cataluña presentará su propuesta en un documento consensuado por todos los socios de Gobierno y con intención de consensuarlo con los demás partidos del arco parlamentario catalán. De paso, el Ejecutivo catalán presentará sus propias balanzas fiscales, otro caballo de batalla de los últimos años.