El Estado compartirá la factura de los préstamos bibliotecarios

Cuanto más lejos del ruido del canon digital, mejor. Quizá por ello, el Estado echará un cable a las comunidades autónomas y asumirá una tercera parte de los costes del llamado canon bibliotecario, que se seguirá abonando por el concepto de adquisición de libros (a razón de 20 céntimos de euro por ejemplar) y no por número de préstamos.

Sobre esas premisas, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivo del Ministerio de Cultura ultima el decreto que antes de junio debe reglamentar el controvertido pago que impone la normativa europea y que ha creado inquietud en el sector o dire...

Cuanto más lejos del ruido del canon digital, mejor. Quizá por ello, el Estado echará un cable a las comunidades autónomas y asumirá una tercera parte de los costes del llamado canon bibliotecario, que se seguirá abonando por el concepto de adquisición de libros (a razón de 20 céntimos de euro por ejemplar) y no por número de préstamos.

Sobre esas premisas, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivo del Ministerio de Cultura ultima el decreto que antes de junio debe reglamentar el controvertido pago que impone la normativa europea y que ha creado inquietud en el sector o directamente el rechazo en los responsables culturales de las diferentes comunidades.

El ministerio, que en un principio aseguró que no iba a entrar en el pago de esta remuneración y excepcionalmente asumió la totalidad de la misma del año pasado, estudia para 2008 un coste por ese concepto de 1.400.000 euros, de los que el Estado aportará unos 460.000 que, en principio, "se distribuirán proporcionalmente por ratio demográfica", asegura el director general del Libro, Rogelio Blanco, mientras que el resto recaerá en los presupuestos de las comunidades autónomas. "La participación nos sigue pareciendo insuficiente: tendríamos que ir a la paridad del 50%", apunta Anna Falguera, directora general de Cooperación Cultural de la Generalitat.

Deslealtad institucional

Falguera contraataca también con una lectura jurídica: "la ley establece que quien debe abonar ese pago son los titulares de las bibliotecas y la Generalitat sólo lo es de la de Cataluña; el resto de 330 centros son municipales. Estamos en esta guerra por responsabilidad de gobierno y no porque nos toque; si no hay una ayuda mayor lo consideraríamos una deslealtad institucional". Además, teme que el canon implique "que se destine a liquidarlo con dinero que iba a la compra de libros". Falguera también desea aclarar con el ministerio si la cantidad que acabe destinando el gobierno central lo será por ratio de habitante o por compra de libro. El cambio de concepto es capital: por el primero, Cataluña recibiría el 17%; por el segundo, al ser la comunidad autónoma que más invierte en dotación de bibliotecas, llegaría a ingresar el 40%.

"Quien utiliza más el coche, más gasolina gasta y paga", parafrasea Blanco con relación a esa inquietud catalana, a la vez que espera que las autonomías hagan "como el ministerio, que no hemos penalizado la partida de compra de libros, sino que se ha creado una nueva para ese concepto; tampoco hablamos de cantidades traumáticas: se ha hecho demasiada literatura tenebrista", sentencia el director general, que incluye en estas cifras nimias lo que pueda generar el préstamo de libros procedentes del depósito legal o de las donaciones, aspectos que en principio no se contemplarán en el decreto. "Este tipo de libros suele ir a la Biblioteca Nacional o centros así, que no hacen préstamo", dice Blanco.