Irán ejecuta a un funcionario por aceptar sobornos
Irán anunció ayer la ejecución de un funcionario de aduanas por aceptar sobornos. Se trata de la sentencia más grave por un delito económico desde que el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad lanzara su campaña contra la corrupción que plaga la Administración iraní. Sin embargo, el portavoz judicial, Alireza Jamshidí, no supo precisar si es la primera vez que la República Islámica aplica la pena capital a ese tipo de delitos.
Jamshidí, que no facilitó la identidad del condenado ni la fecha de su ejecución, explicó que trabajaba en la aduana del aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. De acuerdo co...
Irán anunció ayer la ejecución de un funcionario de aduanas por aceptar sobornos. Se trata de la sentencia más grave por un delito económico desde que el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad lanzara su campaña contra la corrupción que plaga la Administración iraní. Sin embargo, el portavoz judicial, Alireza Jamshidí, no supo precisar si es la primera vez que la República Islámica aplica la pena capital a ese tipo de delitos.
Jamshidí, que no facilitó la identidad del condenado ni la fecha de su ejecución, explicó que trabajaba en la aduana del aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. De acuerdo con su versión, el hombre admitió haber recibido sobornos para tasar algunas mercancías por debajo de su valor. Con él son ya 28 los ejecutados en lo que va de año, según la agencia France Presse.
Otros tres empleados condenados a muerte por el mismo caso están pendientes de apelación, según indicó el portavoz durante su conferencia de prensa semanal. "Han pedido que se les conmute la pena por cadena perpetua y las autoridades judiciales lo están estudiando", añadió.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos se han hecho eco de un aumento de las penas de muerte desde la llegada al poder de Ahmadineyad, la mayoría por asesinato, tráfico de drogas o violación. Jamshidí precisó que "alterar los sistemas monetario o bancario" también está castigado con la máxima pena. A principios de mes, tres directivos de una empresa de gas estatal fueron condenados a 10 años de cárcel y 74 latigazos.