Algo huele a podrido en Westminster

¿Está la política en el Reino Unido tan limpia de corrupción como suelen presumir los británicos? Probablemente no, a juzgar por los escándalos que han rodeado el último año y medio a la financiación de sus partidos. Primero fue el caso de la venta de honores, que salpicó a los dos grandes partidos y se saldó sin procesamientos, pero sin disipar la sospecha de que algo huele a podrido en Westminster.

Ahora, se trata del descubrimiento de que un empresario inmobiliario hizo llegar generosas donaciones al Partido Laborista a través de terceras personas para guardar el anonim...

¿Está la política en el Reino Unido tan limpia de corrupción como suelen presumir los británicos? Probablemente no, a juzgar por los escándalos que han rodeado el último año y medio a la financiación de sus partidos. Primero fue el caso de la venta de honores, que salpicó a los dos grandes partidos y se saldó sin procesamientos, pero sin disipar la sospecha de que algo huele a podrido en Westminster.

Ahora, se trata del descubrimiento de que un empresario inmobiliario hizo llegar generosas donaciones al Partido Laborista a través de terceras personas para guardar el anonimato. ¿Por timidez, o porque las donaciones eran en realidad el pago de favores? Va a ser difícil esclarecer ese punto fundamental.

Tony Blair se escapó por los pelos. La policía quiso procesar a dos íntimos colaboradores suyos por entender que habían prometido la concesión del título de lord a varias personas a cambio de que donaran dinero al Partido Laborista. La Fiscalía de la Corona, sin embargo, descartó los procesamientos por entender que no había pruebas. El Partido Conservador mantuvo un perfil bajo en esa polémica porque también estaba bajo sospecha.

Ahora las cosas son diferentes. El primer ministro, Gordon Brown, ya ha reconocido que las donaciones del empresario David Abrahams, 850.000 euros desde 2003, eran ilegales porque se hicieron a través de personas interpuestas. La policía no tendrá problemas para probar eso y concluir que los laboristas han incumplido la ley del año 2000 sobre Partidos Políticos, Elecciones y Referendos.

Los tories se han mostrado esta vez mucho más beligerantes por dos razones. Primero porque lo que se examina es un caso concreto que afecta directamente a los laboristas. Segundo, porque el escándalo no afecta a un primer ministro en declive que estaba a punto de ceder su sitio, sino a uno que acaba de llegar. Ahora no se trata de hacer caer a Blair, sino de minar la credibilidad de Brown. Esto es ya campaña para las elecciones de 2009 o 2010.

Establecida ya la ilegalidad de las operaciones, ahora hay dos aspectos en juego: uno, saber qué laboristas y desde cuándo estaban al corriente de que las donaciones procedían efectivamente del empresario David Abrahams; dos, mucho más difícil, probar que el anonimato era una forma de esconder favores de la Administración. Hubo una operación sospechosa de recalificación de terrenos en Durham, pero de ahí a probar que haya relación con las donaciones hay una enorme distancia.

Dimisiones

Quemar algunas personalidades dentro del escalafón laborista puede ser más fácil. Ya ha dimitido el hasta ahora secretario general del partido, un cargo de escaso rango, a diferencia de lo que ocurre en España: Peter Watt dimitió al conocerse el caso y reconoció que sabía que las donaciones eran de Abrahams, pero creía que eso no era ilegal.

El caso afecta también al tesorero, Jon Mendelsohn, que lo sabía desde que llegó al cargo en septiembre y quizá antes. También puede salpicar a la vicelíder, Harriet Harman, que aceptó una de las donaciones cuando hacía campaña para ese cargo. Pero, ¿qué sabía Brown sobre Abrahams y desde cuándo?