Los municipios deberán reservar suelo para uso religioso
El Gobierno controlará el ruido de los oratorios, pero no habla de campanarios
Abrir un oratorio musulmán, un Salón del Reino o una iglesia evangélica es una empresa imposible en muchos municipios catalanes. Decenas de ayuntamientos son incapaces de resistir las presiones vecinales y deniegan sistemáticamente los permisos para locales de culto no católicos.
El Gobierno catalán luchará contra esta "discriminación" mediante la Ley de Centros de Culto, un texto aprobado ayer por el Consell Executiu que obligará a que los planes urbanísticos incluyan suelo donde se admitan los usos de carácter religioso. Ninguna de las 13 confesiones presentes en Cataluña quedarán exc...
Abrir un oratorio musulmán, un Salón del Reino o una iglesia evangélica es una empresa imposible en muchos municipios catalanes. Decenas de ayuntamientos son incapaces de resistir las presiones vecinales y deniegan sistemáticamente los permisos para locales de culto no católicos.
El Gobierno catalán luchará contra esta "discriminación" mediante la Ley de Centros de Culto, un texto aprobado ayer por el Consell Executiu que obligará a que los planes urbanísticos incluyan suelo donde se admitan los usos de carácter religioso. Ninguna de las 13 confesiones presentes en Cataluña quedarán excluidas.
El proyecto de ley es una iniciativa pionera en España y, según el consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, "unificará" los criterios con los que los ayuntamientos concederán licencias a la construcción de centros de culto. En los ya existentes, otro problema que suele producirse, afirma Carod, es "la falta de condiciones físicas de seguridad, salubridad, higiene y de dignidad".
En Cataluña hay censados 3.500 locales para uso religioso, en su mayoría iglesias católicas. Con la nueva ley, todos los locales deberán contar con una licencia municipal de actividades de culto o reunión. Para obtenerla se deberá acreditar que el local cumple con las normas más básicas de seguridad y salubridad.
Los impulsores de los locales deberán acreditar que la actividad no producirá contaminación acústica. El consejero de la Vicepresidencia evitó precisar ayer si las medidas contra el ruido afectarán también a los campanarios de las iglesias católicas. "Ello se abordará en el reglamento posterior a la ley", dijo el consejero como toda explicación.
Habrá que esperar al reglamento de la ley para saber si la Iglesia católica cuenta con más ventajas que las otras para legalizar todos sus locales. Eso sí, el proyecto de ley ya establece que todo lo previsto en el texto se hace "sin perjuicio de los acuerdos firmados con la Santa Sede".
El proyecto estipula que las administraciones "garantizarán un trato igualitario y no discriminatorio en las cesiones y autorizaciones por actividades esporádicas de uso religioso en equipamientos, espacios públicos o en la ocupación de la vía pública". Eso incluye procesiones religiosas y celebraciones al aire libre.
Los municipios tendrán 10 años para adaptar toda su planificación urbanística a la nueva ley. El texto aprobado por el Gobierno y que ahora comenzará su tramitación parlamentaria no habla de porcentajes ni de los metros cuadrados que se deberán reservar para suelo destinado a actividades religiosas.
Por otra parte, el Gobierno aprobó ayer nombrar a Amadeu Recasens director general de Modernización de la Administración. Recasens es criminólogo y fue director de la Escuela de Polícía de Cataluña hasta 2004. El Ejecutivo también decidió imponer un conflicto positivo de competencias contra el real decreto de ordenación de títulos universitarios.