Gallardón acepta una comisión de investigación

El PSOE solicitó ayer al Alberto Ruiz-Gallardón tres cosas: convocar un pleno monográfico sobre la Operación Guateque, que comparezcan las concejales de Medio Ambiente, Ana Botella, y de Urbanismo, Pilar Martínez, y que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento para esclarecer el caso. Esta decisión fue acordada tras una reunión del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, con responsables federales de su partido, en la sede de Ferraz, donde analizaron la llamada Operación Guateque.

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El PSOE solicitó ayer al Alberto Ruiz-Gallardón tres cosas: convocar un pleno monográfico sobre la Operación Guateque, que comparezcan las concejales de Medio Ambiente, Ana Botella, y de Urbanismo, Pilar Martínez, y que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento para esclarecer el caso. Esta decisión fue acordada tras una reunión del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, con responsables federales de su partido, en la sede de Ferraz, donde analizaron la llamada Operación Guateque.

Las dos primeras peticiones de los socialistas, según afirmó el alcalde, se debatirán en el próximo pleno municipal. Respecto a la comisión, se mostró más complaciente. Gallardón aceptó que se convoque cuando se levante el secreto de sumario decretado por el juez Santiago Torres. Un portavoz del Ayuntamiento no pudo ayer precisar quien comparecerá ante el tribunal que investigue el caso, pero, en principio, se limitará funcionarios y a políticos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal, el alcalde volvió a insistir en que no hay responsabilidad política detrás de la trama de corrupción. "Ninguno de estos funcionarios tenía responsabilidades políticas sino de función", y ha añadido que "las responsabilidades las pide el juez y es él el que ha establecido dónde tiene que establecer el reproche". O sea, en los 16 funcionarios detenidos.

Gallardón, que aseguró que no tiene noticias de que se hayan producido nuevos registros en dependencias del Ayuntamiento, recordó que las sanciones administrativas a los implicados en este caso estarán supeditas a la decisión de los jueces. En este sentido, recalcó que serán los magistrados los que determinen si las sanciones se adoptan por vía judicial o si debe tomarlas el Ayuntamiento por vía administrativa.

Hasta ahora, 16 funcionarios municipales han sido detenidos acusados de posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Además, hasta la fecha se conoce la implicación de cinco empresas donde trabajaban ingenieros, arquitectos y abogados que formaban parte de la trama de corrupción.