ICV exige a Castells que modere la rebaja del impuesto de sucesiones

Las exenciones fiscales en el impuesto de sucesiones pueden quedarse más cortas de lo que la Generalitat anunció la semana pasada. Así lo ha exigido Iniciativa per Catalunya al Departamento de Economía en las negociaciones que ambos llevan a cabo con vistas a la tramitación de los presupuestos y de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.

Iniciativa ha exigido al socialista Antoni Castells que la rebaja en el impuesto de sucesiones se replantee. El cambio afectaría el tope libre de tributación anunciado por la Generalitat: 500.000 euros. La variación que propone Iniciativa y que Castel...

Las exenciones fiscales en el impuesto de sucesiones pueden quedarse más cortas de lo que la Generalitat anunció la semana pasada. Así lo ha exigido Iniciativa per Catalunya al Departamento de Economía en las negociaciones que ambos llevan a cabo con vistas a la tramitación de los presupuestos y de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.

Iniciativa ha exigido al socialista Antoni Castells que la rebaja en el impuesto de sucesiones se replantee. El cambio afectaría el tope libre de tributación anunciado por la Generalitat: 500.000 euros. La variación que propone Iniciativa y que Castells ha aceptado negociar es quién se beneficia de esta exención. Según el proyecto inicial, la exención afecta a "la vivienda habitual del causante, con el límite de 500.000 euros por cada sujeto pasivo". La reforma, según fuentes de la negociación, podría ir en el sentido de eliminar el sujeto pasivo -el receptor de la herencia- de manera que sólo habría exenciones para viviendas de hasta 500.000 euros independientemente del número de beneficiarios de la herencia.

Con la fórmula propuesta por Economía y aprobada por el conjunto del Gobierno se exime de pagar el impuesto a los cuatro eventuales receptores de un inmueble valorado en dos millones de euros. Con la fórmula exigida por Iniciativa, la exención no se calcularía en base al número de receptores, sino al precio de la vivienda en cuestión, siempre con el tope de 500.000 euros. Economía rechazó ayer valorar el estado de las negociaciones.