Justicia pagará ayudas estatales a maltratadas con tres años de retraso
El Gobierno critica el programa porque "estigmatiza" a las víctimas
Por imperativo legal. Sólo por esta cuestión de fuerza mayor, Justicia pagará desde 2008, con tres años de retraso, unas ayudas estatales a mujeres maltratadas. Para este fin ha reservado en los próximos presupuestos una partida de 78.000 euros. El departamento se ha mostrado muy reacio a crear este programa porque argumenta que la ley orgánica de la que depende "estigmatiza" a las víctimas, al ser necesario que estas acompañen su petición de un informe del Inem que acredite "su falta de preparación general o especializada" para incorporarse al mercado laboral.
El consejero de Justicia,...
Por imperativo legal. Sólo por esta cuestión de fuerza mayor, Justicia pagará desde 2008, con tres años de retraso, unas ayudas estatales a mujeres maltratadas. Para este fin ha reservado en los próximos presupuestos una partida de 78.000 euros. El departamento se ha mostrado muy reacio a crear este programa porque argumenta que la ley orgánica de la que depende "estigmatiza" a las víctimas, al ser necesario que estas acompañen su petición de un informe del Inem que acredite "su falta de preparación general o especializada" para incorporarse al mercado laboral.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, presentó ayer en el Parlamento las líneas generales de sus presupuestos y concretó en qué consistirán las ayudas económicas a maltratadas, las primeras con carácter finalista que recibirán en Euskadi. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por el Congreso a finales de 2004, fija la concesión de ayudas a las maltratadas con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo. Y estipula que deben ascender al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que ronda los 500 euros. La ley encarga a los gobiernos autónomos el pago, aunque con cargo a los presupuestos del Estado, y se debe hacer en un único abono que aglutine seis meses.
El Gobierno vasco ha tardado tres años en decidirse a aplicar el programa, de obligado cumplimiento, por la exigencia de acreditación del Inem. "Es una afrenta más para las maltratadas", se quejó el viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, quien resaltó que la cuestión ha sido "ampliamente debatida" entre los agentes sociales. "Ni las organizaciones de ayuda a las maltratadas ni los sindicatos están de acuerdo con una ayuda que estigmatice". Además, en el caso de Euskadi, la renta básica, "que es un derecho subjetivo de todas las personas, ya ofrece una ayuda económica mayor", recalcó.
El presupuesto del departamento asciende a 578 millones de euros, un 11,35% más. El área de Justicia se lleva 133 millones, la de Empleo otros 29, y la Viceconsejería de Inserción Social y Familia 316,6 millones. Dentro de este apartado, la renta básica supone 189 millones (el año que vine el salario social seguirá suponiendo el 80% del SMI). Las ayudas a familias suman 69 millones y combinan subvenciones por nacimiento y adopción y las medidas de conciliación, que por vez primera superan las subvenciones por maternidad.
Un centro para los más marginados
Construir un centro para acoger a los ciudadanos más marginados, los que ni siquiera acceden a la red de servicios sociales es uno de los objetivos del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales para 2008, que completaría la red que ahora ya forman los albergues para indigentes y la narcosala de Bilbao. El consejero, Javier Madrazo, avanzó ayer esta iniciativa durante la presentación de sus presupuestos para el próximo año.
El centro recogerá básicamente a personas con problemas de drogodependencias, mentales y que no acceden a los recursos actuales. Madrazo no concretó su ubicación, aunque será en Vizcaya, según fuentes del departamento. El presupuesto rondará el millón de euros.
La principal diferencia con los recursos que existen en la actualidad es que será de "baja exigencia", es decir, que acogerá a marginados de todo tipo y condición. Los albergues para indigentes que funcionan ahora en las capitales establecen una serie de normas de uso, como no estar borracho, drogado o llegar más tarde de las diez de la noche. La idea es que el nuevo centro acoja a todos los que se quedan fuera y que su experiencia en el local sirva para ir recuperándoles paulatinamente.
Además, el departamento creará un centro especial para mujeres maltratadas que sufren problemas añadidos a la de la violencia doméstica, como drogadicción o enfermedad mental. El presupuesto asciende a 975.000 euros. Asuntos Sociales pondrá en marcha además un servicio especial para atender a las familias que hayan adoptado hijos y padezcan algún problema sobrevenido. Se trata, sobre todo, de asesorarles en un momento en el que las familias no saben a qué instancia acudir.
En cuanto al apartado de vivienda, el departamento ha elaborado un proyecto de presupuestos de 194 millones de euros, un 2,9% más que este año. La edificación de vivienda protegida (35,3 millones) y la compra de suelo (33,4 millones) son las operaciones más importantes. Para 2008, el objetivo es iniciar la edificación de 7.100 nuevos pisos protegidos (entre Gobierno, ayuntamientos y promotores privados), de los que 2.325 se destinarán al alquiler.
Para movilizar vivienda vacía se han reservado 18,4 millones. La idea es poner en el mercado 800, que se sumarán a las 3.200 que ya gestiona Bizigune.
Archivado En
- VIII Legislatura País Vasco
- Marginados
- Centros acogida
- Amenazas
- Joseba Azkárraga
- Consejerías autonómicas
- Marginación
- Agresiones físicas
- Presupuestos autonómicos
- Servicios sociales
- Financiación autonómica
- Malos tratos
- Parlamentos autonómicos
- Gobierno Vasco
- País Vasco
- Gobierno autonómico
- Política social
- Integridad personal
- Grupos sociales
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Parlamento
- Finanzas públicas
- Administración autonómica
- Delitos