Un millar de viviendas ilegales

Barbate tiene plan general desde 1995. No exento de polémica, ese documento se ha mostrado incapaz de dar respuesta hasta ahora a algunos de los puntos más conflictivos de la localidad, como Zahora o Caños de Meca, pedanías pendientes de la regularización de sus viviendas. El anterior equipo de gobierno, del PP, presentó un avance de un nuevo PGOU en 2004, que contó con un rechazo generalizado de vecinos, ecologistas y otras administraciones generalizadas.

Las elecciones de 2007 cambiaron el color político del Ayuntamiento. El nuevo alcalde, el socialista Rafael Quirós, quien anunció en...

Barbate tiene plan general desde 1995. No exento de polémica, ese documento se ha mostrado incapaz de dar respuesta hasta ahora a algunos de los puntos más conflictivos de la localidad, como Zahora o Caños de Meca, pedanías pendientes de la regularización de sus viviendas. El anterior equipo de gobierno, del PP, presentó un avance de un nuevo PGOU en 2004, que contó con un rechazo generalizado de vecinos, ecologistas y otras administraciones generalizadas.

Las elecciones de 2007 cambiaron el color político del Ayuntamiento. El nuevo alcalde, el socialista Rafael Quirós, quien anunció en campaña como un reto fundamental para el municipio culminar ese documento. El problema es que se ha encontrado con un enorme agujero económico en las arcas municipales que apenas le permite pagar las nóminas de sus funcionarios.

De momento, el Ayuntamiento se ha comprometido a medio plazo a crear una oficina de regularización de viviendas a través de la empresa Territorio y Ciudad que dirige el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. El objetivo es terminar el avance del plan y que esos suelos que son rústicos pasen a ser urbanos no consolidados. Los cálculos municipales apuntan a que existen un millar de viviendas sin legalizar.

Los vecinos han exigido su participación en la redacción de esos planes para diseñar, entre otras cosas, los viales y carriles y conseguir una mínima afección a sus casas. El alcalde ha previsto que este proceso tardará entre ocho y diez años en culminarse. El Ayuntamiento tiene intención de encargar un estudio para elegir la mejor fórmula de regularizar las viviendas. La alternativa con más opciones es la aprobación de planes especiales para esas pedanías que se incorporarán al avance del PGOU.