Grabaciones autorizadas por la juez prueban los cobros ilegales de la promotora de Telmo Martín
Veinte nuevos compradores denuncian que se les exigió dinero negro por un piso protegido
Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio del barrio vigués de Navia. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. Fuentes cercanas al caso cifran el fraude en tres millones de euros.
El número 25 de la calle Teix...
Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio del barrio vigués de Navia. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. Fuentes cercanas al caso cifran el fraude en tres millones de euros.
El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.
De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.
El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado a EL PAIS fuentes cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único imputado en el proceso.
El cobro de las comisiones fue exigido a las familias por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos realizados oscilaron entre los 19.000 y los 46.000 euros, si bien otros testigos han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados más de 60.000 euros, que no fueron abonados.
En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación. Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros, más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio, respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.
Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación de Pontevedra a principios de diciembre.
El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exigió al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que expulse del PP a Telmo Martín o de lo contrario que dimita el propio Feijóo, si se prueba que Construcuatro participó en el fraude de las viviendas de Protección Oficial. Feijóo replicó al Bloque que repasase el consejo de administración de Construcuatro, donde, además de Martín, figura como presidente un hermano del alcalde nacionalista de Poio, Luciano Sobral.