Teoría del superávit
El pasado viernes, cuando presentó los Presupuestos del Estado, el vicepresidente económico Pedro Solbes desveló implícitamente algunas claves que explican su desasosiego ante algunas de las medidas sociales impulsadas por el presidente de Gobierno en los últimos tiempos. El pasado junio, Solbes ya sabía que el superávit de las cuentas públicas iba a ser superior al previsto, dato que no hizo público para tener un margen de maniobra en los últimos meses de la legislatura, previos a la convocatoria de elecciones.
El equipo de Solbes comenzó a trabajar en una cuádruple dirección: primero,...
El pasado viernes, cuando presentó los Presupuestos del Estado, el vicepresidente económico Pedro Solbes desveló implícitamente algunas claves que explican su desasosiego ante algunas de las medidas sociales impulsadas por el presidente de Gobierno en los últimos tiempos. El pasado junio, Solbes ya sabía que el superávit de las cuentas públicas iba a ser superior al previsto, dato que no hizo público para tener un margen de maniobra en los últimos meses de la legislatura, previos a la convocatoria de elecciones.
El equipo de Solbes comenzó a trabajar en una cuádruple dirección: primero, usar el excedente público para reducir aun más la deuda del Reino de España (que pasará a representar en 2008 alrededor del 34% del PIB, desde un 37% de este año, todo un récord a la baja); segundo, ampliar el fondo de reserva de la Seguridad Social (que se situará por encima del 5% del PIB), para pagar las pensiones en caso de crisis; tercero, reducción de algunos impuestos (seguramente con aumento del mínimo exento en el de la renta); y cuarto, aumento selectivo del gasto (con medidas relacionadas, por ejemplo, con las guarderías). En ningún momento contemplaba Solbes, dentro de este último capítulo, el cheque de 2.500 euros por hijo nacido, que fue anunciado por sorpresa en el debate del Estado de la Nación, según algunas fuentes para adelantarse a una propuesta similar que tenía preparada Rajoy.
Resueltas ya por la fuerza de los hechos esas disensiones, los Presupuestos Generales del Estado incorporan -pendientes de las negociaciones con el resto de los grupos parlamentarios, para que les den su apoyo- lo que se va a hacer con la parte del superávit guardada para estos momentos: en materia de ingresos, nueva rebaja del impuesto sobre la renta para compensar la inflación, que se suma a la reforma en vigor desde este año, valorada en un ahorro al contribuyente de más de 2.000 millones de euros. Se suben un 2% (ajustándose a la inflación prevista) los mínimos personales de la declaración de la renta -lo que cada ciudadano se deduce por el hecho de serlo-, los familiares y la deducción por trabajo. Es decir, en 2008, se deflactará la tarifa del impuesto y las deducciones, lo que supondrá que las arcas públicas dejarán de ingresar alrededor de mil millones de euros. Por el lado del gasto se incorporan las medidas ya anunciadas: ayuda de 2.500 euros por nacimiento, deducciones por alquiler de viviendas para el inquilino con rentas bajas, y la atención bucodental para los menores.
Para acabar con la polémica sobre qué medidas de gasto tienen un tinte electoralista (las "ocurrencias", en definición de Rajoy) y cuáles estaban programadas, lo más pertinente es acudir al programa con el que los socialistas ganaron las elecciones. Una forma de dar credibilidad a la democracia y a los políticos es exigir el cumplimiento de los programas electorales, que son el contrato entre el votante y sus representantes. Pues bien, en el programa electoral del PSOE no se contempla la ayuda por nacimiento en el capítulo de políticas de natalidad y de apoyo económico a las familias. Sí aparece la atención bucodental ("un plan de salud bucodental que permita contemplar la atención bucodental a la totalidad de los niños y niñas de 7 a 15 años y discapacitados"). En cuanto a las ayudas al alquiler de viviendas, están incorporadas genéricamente en el Plan de Emancipación Joven (la vivienda es considerada en todo el programa como un derecho "efectivo", como ha definido la comunidad andaluza en su plan de vivienda) y en el capítulo específico sobre la vivienda, en el que se dice que "ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna (nueva o usada, en propiedad o en alquiler)".
El programa electoral sirve también, por ejemplo, como base para el debate que los socialistas madrileños mantienen sobre el impuesto del patrimonio: no se plantea en momento alguno su desaparición, sino una reforma para conseguir que los patrimonios medios y bajos (en torno al 85% de los contribuyentes que hoy pagan ese impuesto) queden exentos.