Benidorm otorga licencia de ocupación de 112 pisos ilegalizados por el TSJ

El Ayuntamiento de Benidorm ha otorgado cédula de habitabilidad de primera ocupación a 112 apartamentos construidos en la manzana comprendida entre las calles Mallorca, Girona y Mediterráneo. La comisión de Urbanismo accedió el pasado 13 de agosto a la solicitud de la promotora, Coblanca Mediterráneo SL con los votos favorables del PP y el PSPV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia el pasado 11 de abril que anuló y dejó sin efecto la aprobación de un estudio de detalle para dicha manzana, un trámite que sirvió de cobertura a la modificaci...

El Ayuntamiento de Benidorm ha otorgado cédula de habitabilidad de primera ocupación a 112 apartamentos construidos en la manzana comprendida entre las calles Mallorca, Girona y Mediterráneo. La comisión de Urbanismo accedió el pasado 13 de agosto a la solicitud de la promotora, Coblanca Mediterráneo SL con los votos favorables del PP y el PSPV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia el pasado 11 de abril que anuló y dejó sin efecto la aprobación de un estudio de detalle para dicha manzana, un trámite que sirvió de cobertura a la modificación de la licencia municipal para que se construyeran más pisos.

La fórmula del estudio del detalle permitía al promotor pasar de construir 92 apartamentos como pretendía en un primer momento a 112 aprovechando el trasvase de edificabilidad de otra parcela. El Ayuntamiento de Benidorm autorizó el trasvase de 760 metros cuadrados de techo de una parcela más pequeña anexa al solar de 2.867 metros cuadrados sobre el que se levanta el inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tumbó ese acuerdo. El consistorio interpuso un recurso de casación pendiente ahora de resolución. El abogado del propietario que presentó el recurso contra la decisión municipal afirma: "Al anular el estudio de detalle quedan ilegalizadas las viviendas, porque la licencia de edificación se otorgó en base a esas condiciones ahora no validas". Y añade: "Entregar la licencia de ocupación como ha hecho el Ayuntamiento es como decir que todo se ha realizado correctamente y que el edificio cumple los requisitos, algo falso".

El Ayuntamiento, por su parte, otorgó la licencia de nueva ocupación después de solicitar un informe jurídico externo favorable, con el fin de "no perjudicar a los vecinos que nada tienen que ver", sostiene el concejal de Urbanismo, José Ramón González. "Un edificio vacío en un lugar tan concurrido perjudica a una ciudad que vive de la imagen", apunta.

El informe jurídico externo, es decir, que no ha sido elaborado por los técnicos municipales, señala que las licencias de edificación son válidas "aun cuando alcanzase firmeza dicha sentencia", ya que se otorgaron "de acuerdo con las previsiones de la legislación y del planeamiento".

El abogado que firma el informe, Federico López, señala que las licencias "son actos administrativos independientes del estudio de detalle". Y argumenta que las obras están amparadas en dicha licencia y por lo tanto "son legales".

El concejal de Urbanismo esgrimió el informe en cuestión para justificar la concesión de las cédulas de habitabilidad y señaló que, si el Ayuntamiento perdiera el recurso que ha planteado ante TSJCV, será la empresa Coblanca quien tendrá que abonar la cantidad que se estime al afectado que ha presentado el recurso. González añadió que el Consistorio "no tiene nada que ver".

El abogado de la otra parte ofrece una versión radicalmente distinta. "La única forma de que las viviendas sean legalizadas es elaborando un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) -como en su día hizo el hotel Atrium de La Vila- y modificar puntualmente el PGOU. El constructor debe devolver a la ciudad los metros construidos de más, momento en el que podría obtener licencia", argumentó. "El Ayuntamiento es responsable de ese exceso de edificabilidad", añadió.

El procedimiento del estudio de detalle lo suele utilizar el Ayuntamiento de Benidorm de forma habitual para ordenar los volúmenes de las parcelas, por lo que la sentencia del TSJ es, según fuentes consultadas, un "serio varapalo" a la gestión urbanística llevada a cabo en los últimos años. El abogado que presento el recurso considera que es un instrumento de gestión urbanística que se utiliza como de instrumento de ordenación. "Es como poner gasolina a un vehículo diésel. El estudio de detalle no está pensado para eso, como muy bien ha reconocido el TSJ", añade.

La fórmula correcta para ordenar la manzana habría sido la elaboración de un PRIM, que requiere de trámites más farragosos, como modificar puntualmente el PGOU y que la Generalitat dé el visto bueno.

El PSPV criticó la "práctica viciosa" de los estudios de detalle en la ciudad. Entre los beneficiados por acogerse a ella estaría, según el PSPV, el propio alcalde, Manuel Pérez Fenoll, que participa en una promoción de pisos en la que también se ganó volumen.

Cuando se difundió la sentencia, en abril, José Linares, responsable comarcal del PSPV, atribuyó "gran trascendencia" a la decisión judicial porque, dijo, "multitud de proyectos se han realizado así" en la localidad de Benidorm.

El 13 de agosto, sin embargo, la oposición socialista apoyó la solicitud formulada por Coblanca y sus representantes han evitado todo comentario.