La juez admite a LAB como acusación popular en el 'caso Irún'
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irún ha admitido la petición del sindicato LAB de personarse como acusación popular en el caso de la presunta estafa de la Hacienda de Irún sin necesidad de formular una querella. Sib embargo, le exige el pago de una fianza de 2.000 euros porque no ha precisado cuál es "el bien jurídico que protege y que podría haber sido atacado".
En un auto fechado el pasado martes, la titular del juzgado, Almudena Ovejero, desestima la solicitud de ejercer la cción popular del abogado y ex funcionario de Hacienda Fernando Argote, quien ha mant...
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Irún ha admitido la petición del sindicato LAB de personarse como acusación popular en el caso de la presunta estafa de la Hacienda de Irún sin necesidad de formular una querella. Sib embargo, le exige el pago de una fianza de 2.000 euros porque no ha precisado cuál es "el bien jurídico que protege y que podría haber sido atacado".
En un auto fechado el pasado martes, la titular del juzgado, Almudena Ovejero, desestima la solicitud de ejercer la cción popular del abogado y ex funcionario de Hacienda Fernando Argote, quien ha mantenido diversos contenciosos judiciales con el que fuera senador del PNV y director de Hacienda, Víctor Bravo, hermano del principal imputado del caso, José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irún.
Respecto a la petición de Argote, la juez dice ignorar "cuál es el interés legítimo en el que se ampara para mostrarse parte" en esta causa y desconocer si su finalidad "responde a fines espurios o que pudieran suponer el ejercicio abusivo de un derecho". Por ello, considera "imprescindible la presentación de una querella" y el pago de una fianza de 1.000 euros para ejercer la acción popular.
En cambio, en el caso del sindicato LAB, la juez no exige que presente una querella por tratarse de una persona jurídica "constituida con anterioridad a la incoación de este proceso" y en cuyos estatutos "podría incluirse la defensa de algunos de los bienes jurídicos supuestamente lesionados en la presente causa".
Declaración de Bravo
Este juzgado tomará el próximo 11 de julio declaración al presunto cerebro de la trama, José María Bravo, acusado de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, otro continuado de falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales.
Junto a Bravo, figuran como imputados en la causa su esposa, Rosa Cobos, y otras dos personas. El principal imputado ingresó el pasado 18 de mayo en la prisión de Martutene, donde permaneció durante 25 días. Abandonó la prisión el pasado 12 de junio tras abonar los 400.000 euros de la fianza.
Por otro lado, la Cadena SER informó ayer de que Luis María Bandrés, miembro de la ejecutiva guipuzcoana del PNV y diputado foral entre 1995 y 2003, adquirió "cuatro importantes propiedades inmobiliarias" en las fechas en que la empresa familiar de su esposa, Maite Moneo, saldó en octubre de 2003 una deuda de 600.000 euros por impagos del IVA y del Impuesto de Sociedades entregando solamente 108.000 euros a la red dirigida por Bravo.
Bandrés, según la emisora, compró en 2001 una vivienda en el barrio donostiarra de Igeldo y otra en Torremolinos (Málaga) en 2005. También adquirió sendos locales comerciales en el centro de San Sebastián y en Villabona. El dirigente socialista Miguel Buen calificó estos hechos como "un nuevo escándalo del PNV".