La Generalitat teme que el Gobierno 'descafeíne' la futura Agencia Tributaria
Castells pide a Zapatero voluntad política para aplicar "plenamente" el Estatuto
La Generalitat teme que se repita la misma historia con la creación del consorcio entre la futura Agencia Tributaria catalana y la Agencia Tributaria estatal, prevista en el Estatuto, que con las inversiones en infraestructuras: que el Gobierno dé gato por liebre. De los contactos mantenidos hasta la fecha entre ambas administraciones, "sobrevuela el peligro" de que el Gobierno "plantee un modelo de consorcio como una superestructura", sin contenido real. El consejero de Economía, Antoni Castells, pidió ayer al presidente Zapatero "voluntad política" para aplicar "plenamente" el Estatuto.
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La Generalitat teme que se repita la misma historia con la creación del consorcio entre la futura Agencia Tributaria catalana y la Agencia Tributaria estatal, prevista en el Estatuto, que con las inversiones en infraestructuras: que el Gobierno dé gato por liebre. De los contactos mantenidos hasta la fecha entre ambas administraciones, "sobrevuela el peligro" de que el Gobierno "plantee un modelo de consorcio como una superestructura", sin contenido real. El consejero de Economía, Antoni Castells, pidió ayer al presidente Zapatero "voluntad política" para aplicar "plenamente" el Estatuto.
El Gobierno, abierto a meter la I+D en el paquete de inversiones en infraestructuras
Antes de crear el consorcio que plasmará la cooperación entre ambas agencias tributarias, debe crearse la Agencia Tributaria de Cataluña. El artículo 204 del Estatuto establece que, transcurrido un año desde su entrada en vigor, esta agencia deberá estar creada. El proyecto de ley ya está en el Parlament, y está previsto que se apruebe antes de las vacaciones parlamentarias, posiblemente en el pleno del 18 de julio. El consorcio deberá estar constituido para el 9 de agosto de 2008.
Queda un año, pero los altos cargos y técnicos del Departamento de Economía que participan en las reuniones con el Ministerio de Economía y con Hacienda hablan de reticencias a ceder competencias. "Se pueden crear dos tipos de consorcio. Uno a nivel sólo de dirección, desde arriba, creando una superestructura, y otro que gestione realmente todos los impuestos. En el primer modelo, quien dictaría las directrices a seguir y las actas administrativas sería el Estado. Sería un avance muy limitado", señalan fuentes del Gobierno catalán. "Será una negociación difícil".
El consejero de Economía, Antoni Castells, pidió ayer "voluntad política" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que asuma "plenamente" el texto estatutario y lo aplique "con toda convicción". Tras la negociación de los presupuestos de 2007, Castells afirmó que éste "daba exacto cumplimiento" al Estatuto por lo que respecta a las inversiones en Cataluña. Ayer, aunque de forma velada, el consejero reconoció que el cheque inversor estuvo por debajo de lo contemplado en el Estatuto, el 18,8% del PIB catalán. "Fue muy rápido, no tuvimos tiempo material de negociar una metodología", se excusó. "Ahora lo estamos haciendo, la cosa está complicada. Quiero creer que alcanzaremos un acuerdo satisfactorio". El Ministerio está abierto a meter la I+D en el paquete, más allá de las inversiones de Fomento y Medio Ambiente.
CONSORCIO TRIBUTARIO
Según el Estatuto, debe estar participado al 50% por la Generalitat y el Estado. Debería arrancar gestionando el IRPF. Luego vendrán el IVA y los impuestos especiales.
Abre las puertas a que se convierta en la única Administración tributaria en Cataluña y que vaya asumiendo la gestión de todos los impuestos, incluidos los no cedidos, como el de sociedades.
Favorece la ventanilla única.
AGENCIA TRIBUTARIA
Gestionará los impuestos propios de Cataluña y los cedidos totalmente por la Administración central. Es decir, todos menos el IRPF, el IVA, los especiales y el de sociedades.
Asumirá las tareas actuales de la Dirección General de Tributos, pero tendrá un cuerpo de trabajadores -hoy de 370 personas- independiente del resto de empleados de la Generalitat, y separará la producción normativa de la gestión.
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