Los padres de una niña con síndrome de Down demandan al SAS
Los padres de una niña que padece síndrome de Down han reclamado a la Junta 525.694 euros de indemnización por haberles negado las pruebas de detección de la enfermedad, pese a que la madre tenía antecedentes de una hermana con la misma patología. La madre tenía 28 años cuando se quedó embarazada y pidió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que le sometieran a las pruebas de detección precoz del síndrome de Down pero, según la reclamación de los padres, el médico genetista que le atendió en el hospital Virgen del Rocío se negó a realizar la prueba al considerar que el antecedente de la hermana "...
Los padres de una niña que padece síndrome de Down han reclamado a la Junta 525.694 euros de indemnización por haberles negado las pruebas de detección de la enfermedad, pese a que la madre tenía antecedentes de una hermana con la misma patología. La madre tenía 28 años cuando se quedó embarazada y pidió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que le sometieran a las pruebas de detección precoz del síndrome de Down pero, según la reclamación de los padres, el médico genetista que le atendió en el hospital Virgen del Rocío se negó a realizar la prueba al considerar que el antecedente de la hermana "no constituía ningún factor de riesgo".
La niña nació el 11 de octubre de 2003 afectada por la enfermedad, por lo que la demanda interpuesta ante el juzgado de lo Contencioso de Sevilla reclama para ella una indemnización de 300.000 euros y de 225.694 euros para sus padres, por "la sustancial alteración de la vida y convivencia, derivada de los cuidados y atención continuada" a la menor.
La demanda cita estudios científicos que apuntan a un mayor riesgo de repetir la enfermedad si en la familia hay otros niños con síndrome de Down, con independencia de la edad de la madre. La reclamación cita también el Manual del Proceso Asistencial Integrado para el Embarazo, Parto y Puerperio, editado por la Consejería de Salud, que aconseja realizar el cribado combinado de marcadores séricos a todas las gestantes y abandonar la indicación "únicamente para edad materna avanzada".
Según explicó el abogado de los padres, éstos se planteaban un posible aborto terapéutico en caso de haber dado positivo en la prueba de detección pero carecían de medios económicos para hacerse las pruebas en la medicina privada. Por ello, la demanda sostiene que el SAS incumplió también la posibilidad recogida por la ley de disponer de "información conveniente" para plantearse una interrupción del embarazo, pues el síndrome de Down es uno de los supuestos permitidos por la ley.
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